NI UNO MÁS!
¿Quién les habrá dicho a Enrique Peña Nieto y Quirino Ordaz Coppel que los periodistas necesitamos, pedimos o aceptamos condolencias? Lo que los periodistas exigimos es Justicia.
Los periodistas estamos hartos de “protocolos”, “mecanismos de protección” y de otras carabinas de Ambrosio. Los periodistas demandamos plena observancia del estado de Derecho.
En el cañón asesino, una muesca más: La lápida tendrá el nombre de Javier Valdez Cárdenas. Sonará a burla el clásico descanse en paz.
Cuando el pasado 4 de mayo el presidente del Comité de Protección a Periodistas, Carlos Lauría -acompañado por el procurador general de la República, Raúl Cervantes-, fue recibido en Los Pinos por Enrique Peña Nieto, se nos vino a mente una representación plástica.
El 3 de mayo de 2006 en la pantalla apareció el comisionado de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid. El entrevistador le preguntó: ¿Cuál fue la reacción del gobernador? Respondió el entrevistado: El gobernador me felicitó.
El gobernador entonces era Enrique Peña Nieto. El motivo de la entrevista televisada fue la feroz represión que aquel 3 de mayo sufrió la población de Salvador Atenco, Estado de México.
Consta en expedientes judiciales que 46 mujeres fueron ultrajadas por policías mexiquenses y muchas de ellas violadas sexualmente. Cuatro de ellas, una catalana, una chilena, una alemana y una española recurrieron en denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el pliego de denuncia aparece como presunto responsable Enrique Peña Nieto, ahora presidente de México. La ciudadana chilena declaró después que ni en la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet se experimentó un agravio masivo de esa magnitud.
Cuando en Los Pinos Peña Nieto recibió al representante del internacional Comité de Protección a Periodista, el presidente habría expresado al visitante su “enérgica condena y repudio” por las agresiones a los periodistas. Eso dijo el boletín de la residencia presidencial.
Días antes, los legisladores federales que atienden los Derechos Humanos fueron plantados por el titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Nájera. Había sido convocado a comparecer para rendir cuentas sobre el estado que guardan las denuncias por agresiones a comunicadores. De ese tamaño es el interés del gobierno por la suerte de los periodistas.
Javier Valdez Cárdenas es el sexto periodista mexicano asesinado en 2017. La semana anterior, siete colegas fueron emboscados en Guerrero por una banda de sicarios que los amenazaron con quemarlos. La noche del lunes, en Jalisco se registró otro atentado, una de cuyas víctimas, herida –su hijo muerto- es la directora administrativa de un medio local.
Es pertinente tocar dos puntos sobre el fenómeno de exterminio de periodistas. Invariablemente, los fiscales estatales reaccionan a bote pronto: Una línea de investigación abierta es sobre los vínculos del asesinado con el narcotráfico. La insidia es la primera línea de investigación.
La segunda tiene tufos de mera coartada: Fue otra operación del “crimen organizado”. Y se confecciona una “verdad histórica”.
Eso de “crimen organizado” amerita una acotación: De acuerdo con un voluminoso expediente que hace meses consignó la organización británica Artículo 19 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un alto porcentaje de los crímenes contra la Libertad de Expresión son perpetrados por agentes del Estado.
Para efectos prácticos, por agentes del Estado se entiende miembros de los aparatos de seguridad pública de los gobiernos de los estados, corporaciones federales, miembros del Ejército y la Marina Armada, etcétera.
El propio Javier Valdez Cárdenas, en ocasión de su premiación periodística en Nueva York, en su discurso señaló que es muy delgada la línea que separa a los hombres del narco de los hombres de gobierno. No se necesita hacer profesión de fe: Es un hecho del dominio público.
“Agentes del Estado” en la violación de los Derechos Humanos. A meses de concluir su sexenio, Felipe Calderón maquinó un acuerdo por el que “voluntariamente” más de 600 empresas de Medios y profesionales en lo individual, se impusieron la autocensura en el tratamiento de temas relacionados con “el crimen organizado”.
En 2011, con reafirmación meses después, más de 20 mil mexicanos cursaron una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la pertinencia de enjuiciar a Calderón por Crímenes de lesa humanidad. Con una variante: Genocidio. ¿Ha prestado el gobierno actual su colaboración en las indagatorias de dicho tribunal?
No caeremos en la tentación de instalar el asesinato de periodistas en un casillero especial y hacer de su ejecución un martirologio. Algunos de los últimos reportes enviados por Valdez Cárdenas a La Jornada, de la que era corresponsal, da cuenta del crimen contra seis maestros sinaloenses. Se investiga, empezó por decir la fiscalía del Estado, si los muertos tenían nexos con sus victimarios. La insidia por delante.
Javier Valdez Cárdenas contó también los desplazados por la violencia en Sinaloa: Más de 35 mil. Este es un crimen peor, porque deja en la vida de esas víctimas, niños, mujeres y ancianos irreversibles traumas. “Se les está brindando asistencia sicológica”. Es la respuesta del gobierno.
Esa es la gran cuestión. El México en paz que el 1 de diciembre de 2012 prometió a los mexicanos Enrique Peña Nieto ha sido un spot más: “Los indicadores de la criminalidad están volviendo a un pasado al que no queremos volver”, dijo hace unos días Peña Nieto. Y se quedó tan campante.
Los periodistas sinaloenses no queremos condolencias, protocolos ni mecanismos de protección. Queremos un estado de Derecho en el que todos los mexicanos, sin excepción, tengan confianza. Para ello se requiere voluntad política. Y esto es pedir peras al olmo.
El próximo 30 de mayo se van a cumplir 33 años del asesinato del maestro Manuel Buendía Tellezgirón. “La bala que mató a Buendía”, se dijo entonces, “dio en el corazón de la Libertad de Prensa”. Ahí se incubó el huevo de la serpiente. México es hoy un nido de víboras.
No pidamos al gobierno lágrimas de cocodrilo. La responsabilidad es nuestra, individual y gremial. Hagamos lo que tengamos qué hacer: Seguir exhibiendo a los malandros. Los malos, les llamaba Javier Valdez Cárdenas. Hagamos honor a su sacrificio.