Terremoto, narcotráfico y elecciones
POR: ALVARO ARAGÓN
Cronología encarnada: Acto 1.- De la parafernalia fúnebre desencadenada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre -el de 1985 fue 90 por ciento más mortal y devastador-, la sociedad cayó en el letargo incierto. En el pánico. Acto 2.- Al despertar y salir del miedo y encarar la realidad y correr a rescatar a sus muertos y heridos la sociedad desmayó por unos instantes ante el hipnotismo televisivo con el “fantasma electrónico” de Frida y otras yerbas opiáceas.
-La telenovela tuvo efectos de bumerang y la sociedad reaccionó ante el montaje-:
Acto 3.- De la sugestión del “Canal de las Estrellas” la sociedad resucitó a tiempo y mutó su miedo a la “madre naturaleza” en ira contra la clase política y gobernante. Acto 4.- Del coraje pasó a la indignación y al insulto. Acto 5.- De la ofensa el pueblo desfiló al plano electoral. Acto 6.- El descontento social se centra en el financiamiento de los partidos políticos.
No existe un número preciso de muertos ocasionados por el terremoto de 1985: la “estimaciones” oficiales van desde los 3 mil 192 hasta las 20 mil o más. En el sismo de S-19 se contabilizan en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, alrededor de 350 muertos y la cifra pudiera alcanzar los 400.
Después de los terremotos los dirigentes nacionales del PRI, PAN, PRD y Morena fueron arropados por una filantropía sui-generis: alzaron su voz para “donar” parte de los presupuestos de sus partidos para ayudar a damnificados y rescatar las zonas en desastre. Atrapados por las redes sociales en donde impera la mentada de madre ahora todos proponen la desaparición del financiamiento público a los partidos políticos.
Caramba, “ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre”.
Bien. En 1985 no existían las redes sociales. En el 2017 la comunicación computarizada- Whatsapp, Facebook, Twitter, y otros instrumentos electrónicos- rebasa en velocidad luz y en número a televisoras, radios y prensa escrita. La “sociedad” intenta marcar agenda política por medio de las redes sociales. Quitar el financiamiento público a los partidos políticos es la “consiga popular” que se replica en las redes digitalizadas.
Recorte a partidos políticos
Cuatro meses antes de los terremotos de septiembre, en mayo, el Congreso Local dictaminó una iniciativa de Ley del Partido Sinaloense para que se reduzcan el financiamiento público a los partidos políticos
Con el dictamen, la legislatura estatal envió al Congreso de la Unión la propuesta-iniciativa.
Antes, en abril, el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que de autorizarse la reducción de financiamiento público anual, los partidos políticos en Sinaloa estarían teniendo “ahorros” de millones de pesos, los cuales pudieran destinarse a programas sociales orientados a sectores desprotegidos.
Y precisó: “con la iniciativa del PAS se busca también disminuir los recursos que los institutos políticos utilizan en sus actividades ordinarias permanentes y que esos dineros sean utilizados de manera óptima en beneficio social”.
No se sabe en qué instancia quedó la iniciativa del Partido Sinaloense. El tema entra de nuevo a debate y ahora con rango nacional por la inconformidad detonada por los sismos del 7 y 19 de septiembre y porque la sociedad percibe que no hay recursos que alcancen para hacerle frente al enorme gasto que implicará la reconstrucción de sus ciudades y pueblos.
Si se trata de cazar “simpatías sociales” es pertinente aclararle a los dueños de los partidos nacionales que el dinero de los partidos políticos, no es de ellos, es público, de los contribuyentes, y quitárselos sin un esquema adecuado podría implicar casos de corrupción graves. El tiro podría salir por la culata.
Los dineros podrían ir a “oxigenar” a las compañías de seguros, a las arcas de MetLife o Seguros GNP u otra agencia, a la reconstrucción de los consorcios hoteleros o a zonas históricas de alto atractivo turístico y no a apoyar a las familias que menos tienen o que quedaron completamente en la calle.
Moverse en la coyuntura de la inconformidad social genera sus riesgos. Si los subsidios a los partidos desaparecen del esquema jurídico electoral ¿Quién va a manejar los dineros que se entregan aun a los partidos políticos? ¿Los gobiernos estatales o municipales? ¿El gobierno de la República? ¿Existe la garantía o la certeza de que al final esos recursos no se aplicarán en forma sosterrada a las campañas políticas?
Lo prudente es la reducción del financiamiento a los partidos en legislación aprobadas en las mejores condiciones políticas posibles. El presupuesto asignado a los partidos es demasiado “pesado” para los contribuyentes. Es extremista.
La modificación en el esquema de financiamiento de los partidos políticos exige un largo debate, fuera de calenturas; requiere de una profunda reflexión. Al PRI y al PAN les conviene la desaparición total de financiamiento ya que en y desde el Poder Plenipotenciario y en complicidad con el INE podrían triangular y desviar el uso de presupuestos municipales, estatales y federales en apoyo a candidatos.
Ya lo han hecho y lo hacen…
¿Cómo se financian los partidos políticos?
Existen tres sistemas fundamentales en el financiamiento de los partidos políticos: el basado en aportaciones privadas, el que se nutre únicamente de recursos económicos públicos y el mixto, que combina ambas fuentes de ingresos.
En Estados Unidos, las campañas electorales de los partidos políticos se financian a través de donaciones privadas de los ciudadanos. Los comités de acción política (PAC) no tienen límites de recaudación, siempre que demuestren que actúan de forma independiente al candidato al que financian.
En España se sigue un sistema mixto, en parte público y en parte privado. En el primero se encuadran diversas subvenciones (para gastos electorales, de funcionamiento: aportaciones de grupos parlamentarios presentes en las instituciones estatales, autonómicas y locales…). El segundo se nutre de las cuotas y aportaciones de los afiliados, donaciones en dinero o en especie, rentas procedentes de la gestión de su patrimonio, las herencias o legados recibidos, y los fondos procedentes de préstamos o créditos.
Si tras las elecciones los partidos logran representación estatal, autonómica o local, reciben una cantidad por cada diputado, senador o concejal obtenido, y por voto cosechado.
El financiamiento ilícito en las campañas
Un partido sin financiamiento público, en un país como México, sería un partido sin controles, bajo mecanismos de vigilancia muy endebles, presa fácil de la oligarquía económica y de los capos del narcotráfico, que ya controlan amplias zonas del país y que sueñan con el dominio de los partidos políticos para acceder al Poder Público.
No es gratuito que en diferentes foros, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), predique que el financiamiento ilícito en las campañas electorales está directamente vinculado con la corrupción.
No se trata entonces únicamente del dinero del narco que se involucraría más fácilmente en actividades políticas sino del “lavado” de activos producto de otras actividades criminales, incluso del saqueo de presupuestos municipales, estatales y federales.
Es un riesgo para las democracias el ingreso de ese dinero en los procesos electorales. El financiamiento de la política no es en sí misma considerada una actividad ilegal, pero los crecientes casos de corrupción hacen necesario controlar el ingreso del dinero a los partidos y actores políticos.
Santiago Nieto, de la Fepade, precisa que “los caminos tienen que apuntar hacia combatir el financiamiento ilícito en las campañas. Debemos reconocer que existe en nuestro subcontinente una relación directa entre corrupción y delitos”.
México está a tiempo de aprender en cabeza ajena. El descontento social desatado por los terremotos tiene su raíz en los altos grados de corrupción que existen en el país, sobre todo en las esferas de gobierno y su vinculación con los partidos políticos.
Destripar totalmente el sistema de financiamiento a los partidos en México sin un amplio debate, frío, lejos de ruidosas esquizofrenias, sería tanto como encarrilar al sistema político mexicano al colapso, a postrarlo ante crimen organizado.
Thomas Kreyenbuhl, escribió en el periódico Tiempo, un prolífico artículo sobre “La Mafia y la Política Italiana”, donde reveló que “la convivencia entre mafia y partidos determina una extensa conclusión de intereses. Los puntos de contacto son tan numerosos que se da la sospecha inevitable de que la mafia trata de dominar al gobierno por medio de los partidos, o, según otra versión, de que en último análisis, la mafia baila al compás de los omnipotentes partidos”.
Reveló también que expertos prominentes, como los miembros del Comité Antimafia del parlamento italiano, presumen que los jefes máximos de los partidos pueden ser también los amos de la mafia.
El fiscal público italiano Giovanni Falcone llegó a convencerse, también, que las familias dirigentes de la mafia unieron sus fuerzas en un club supremo de liderazgo, en una cúpula que no solo organiza actividades criminales sino que mantiene estrechos vínculos con ciertos partidos políticos. La cúpula maneja los intríngulis de la política, ofreciendo votos a cambio de ciertos favores, pero sin jamás recibir órdenes.
En la cronología encarnada nos quedamos en el Acto 6, en el cual el descontento social se centra en el financiamiento de los partidos políticos. Una pregunta debe ir siempre adelante: ¿a quién le conviene y a quien no dejar sin un centavo de los contribuyentes a los partidos políticos en México?