Inhabilitan a extitulares de Finanzas y Obras Públicas por desvío de recursos
El exsectetario de la SAF, Armando Villarreal, no podrá ejercer cargo alguno en la administración pública por siete años, mientras que José Luis Sevilla por tres años
Culiacán, Sin.- Por desvío de recursos y falta de registros contables la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó a los exsecretarios de Finanzas y Obras Púbicas, Armando Villarreal y José Luis Sevilla Suarez, respectivamente.
Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la STYRC explicó, que en el primer caso, al extitular de Finanzas del Gobierno del Estado, Armando Villarreal Ibarra, se le inició procedimiento de responsabilidades, ya que durante los seis años de gobierno omitió atender diversos requerimientos de pago que se le fueron formulando por parte del director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa en concepto de pasivo acumulado por las aportaciones patronales y cuotas a trabajadores que se retuvieron y no se enteraron a dicho instituto.
Dicha omisión, dijo, generó que no fueran autorizadas ni liberadas las cuotas retenidas a los trabajadores del estado de Sinaloa que deberían ser enteradas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES).
Ante ello, la actual administración impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación para ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público por el término de siete años.
Aviña Martínez dijo que “José Luis Sevilla Suárez Peredo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le sustanció procedimiento de responsabilidades, ya que suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, dichos convenios modificaron que fueron suscritos a finales del año pasado para la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo, ubicado en el municipio de Culiacán y para la terminación de la construcción de la unidad administrativa de servicios municipales en Navolato; asimismo suscribió el contrato de obra pública para la construcción del centro de justicia penal de Sinaloa, región centro, contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos”.
Por estas conductas se estimó acreditada su responsabilidad administrativa y se determinó imponerle una sanción consistente en inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión por el período de tres años, abundó
En conferencia de prensa, explicó que durante el cambio de administración estatal, supuestamente se presentó un registro en bancos de 1 mil 088 millones de pesos, sin embargo, como resultado de la revisión efectuada se evidenció que el saldo verdadero era de 421 millones de pesos, por lo que se registró un faltante de alrededor de 600 mil pesos.
En este sentido, Ernesto Herrera Félix ex director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas se le impone la sanción consistente en inhabilitación para ejercer empleo o cargo o comisión en el servicio público por el término de tres años.
Así también otros funcionarios del gobierno de Mario López Valdez, recibieron sanción administrativa por las siguientes omisiones o desvíos.
Andrés Daniel Guzmán Cota, quien fungió como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas omitió enterar al IPES los enteros correspondientes a las retenciones realizadas a las percepciones de los trabajadores que Gobierno del Estado por lo que se determinó imponerle la sanción administrativa consistente a inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público por el tiempo de cinco años.
A este mismo funcionario se le inició procedimiento por no llevar un adecuado y real ejercicio de coordinación y supervisión a efecto de garantizar que se mantuviera la veracidad de la contabilidad del Gobierno del Estado de Sinaloa, lo que ocasionó que existiera diferencia entre los saldos bancarios presentados al 31 de diciembre de 2016 con los realmente existentes, derivándose una diferencia de saldos en cuentas bancarias de 667 millones de pesos, no obstante la Ley de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones jurídicas le imponían la obligación subsidiaria de revisar mediante su supervisión que los saldos registrados presentaran la realidad financiera del Estado, por tales hechos se determinó acreditada su responsabilidad administrativa y se le impuso una segunda en inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público por el período de seis años.
Así mismo al exdirector de Contratos adscrito a la Subsecretaría de Programación y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Carlos Ramón López Castro, se le atribuyó haber omitido informar al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas los incumplimientos en los que incurría con la firma de los convenios, por lo que se le impuso una suspensión temporal en el servicio público por el término de 90 días.
Finalmente informó que Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le atribuyó omitir hacer del conocimiento al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que la dependencia carecía de recursos suficientes para realizar la obra consistente a la construcción del centro de justicia penal región centro, aunado que no se contaba con la autorización del Congreso pues la construcción del centro debía contar con dicha autorización para comprometer o generar la obligación financiera de 78.8 millones de pesos, en este caso también se determinó acreditada su responsabilidad administrativa y se determinó imponerle la sanción consistente en suspensión temporal en el servicio público por el término de seis meses.