Detención de Luis Ángel Pineda y la Ley de Hilados y Tejidos
POR: ALVARO ARAGÓN
La detención de Luis Ángel Pineda Ochoa, alias Lapo o el Pipiluyo, amigo personal y colaborador del ex gobernador Mario López Valdez, obligó a varios miembros del Cártel de la Herradura a poner a remojar sus barbas y bigotes. El ex funcionario estatal es sujeto a proceso por presunto desvío de recursos y ejercicio indebido de funciones, aunque se le podrían agregar los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Lapo no es un novato en los menesteres públicos. Fungió como secretario del ayuntamiento de Badiraguato y tesorero de la comuna de Cosalá. Operando en Palacio de Gobierno el propio Francisco Labastida Ochoa le otorgó licencias para venta de bebidas embriagantes para una cadena de cuando menos 10 supermercados que luego llevó a la quiebra.
Malova lo premió con la posición de director de Servicios de Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo titular Francisco Córdova Celaya, casi a la mitad del sexenio, se lo llevó a la Secretaría de Turismo como su secretario técnico, en donde fue pillado desviado recursos a “empresas fantasmas”, según la investigación.
En funciones de presidente municipal Mario López Valdez (2002-2004) Lapo colaboró con él en un cargo menor en Tesorería Municipal, pero salió de esa administración para convertirse en el principal proveedor de alimentos y bebidas embriagantes de la comuna. Sembró por todo el municipio de Ahome la cadena de abarrotes LAPO, que después cayó en bancarrota sin el apoyo financiero del ayuntamiento.
La CFE le detectó robo de energía eléctrica en esa cadena de minisúper que surtían de “despensas fantasmas” a la comuna. Fue detenido en aquella ocasión por el delito federal equiparable al robo y daño en propiedad ajena (robo de luz).
En el 2002-2004, otro de los que se ganó el rechazo de la sociedad, más no de Malova, lo fue Eduardo Ledezma Mendoza, quien en funciones de tesorero municipal cometió un megafraude en el “corporativo” de su propiedad, ELMGroup, en perjuicio de particulares. Aquel funcionario tristemente célebre por “administrar” y quebrar la empresita Organitodo y famoso, después, por el fracasado proyecto de construcción de una casa de playa en el ejido Topo Viejo, por comprar un Yate Ejecutivo al que bautizó con “A’ke Caray”, y por amasar una fortuna con su “pirámide”, la “compañía de divisas” ELMGroup, fue sustituido por Armando Villarreal Ibarra en la Tesorería Municipal, a quien, posteriormente, Malova nombró secretario de Administración y Finanzas (tesorero) del gobierno del Estado.
Armando Villarreal también es sujeto de inhabilitación e investigación por lo que se podrían tipificar de delitos delitos graves.
Luis Ángel Pineda Ochoa forma parte del grupo de seis exfuncionarios estatales del pasado gobierno estatal que fue sancionado con 8 años para no ejercer un cargo público y una multa de 12 millones de pesos. En él se incluye al exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga; Clodomiro Espinoza, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas; Everardo Ayala, exdirector de Política Tributaria; Jesús Alanís Cháidez, exdirector de Fiscalización, y José Luis Martínez, exjefe del departamento de la Secretaría de Turismo.
Hay otro grupo en el que se involucró al extesorero Armando Villarreal Ibarra y al ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, así como a otros cuatro ex funcionarios más: el ex subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, el ex director de Contratos de Obras Públicas, Carlos Ramón López Castro y el ex director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix.
Hay peces gordos en los “paquetes”, pero cayó un “charal”, en la figura de Luis Ángel Pineda, cumpliéndose la máxima de la Ley de Hilados y Tejidos: la soga se rompe por lo más delgado.
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En la mesa del presidente Enrique Peña Nieto no hay “números vacíos”. Ni estadísticas falsas, mucho menos encuestas. Esa información real la comparte con dos personajes: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Obvio es coligar que esos documentos obran en poder del “tapado” del PRI a la presidencia de la República, pues una campaña exitosa no puede desarrollarse con “datos ciegos” o tergiversados. En uno de sus apartados está el caso Sinaloa. La información es en el sentido de que el PRI no gana las elecciones ni con su alianza con Panal y PVEM, partidos desfondados electoralmente.
A nivel nacional el PRI ha perdido de 2013 a estos días 5 millones de votos. La estructura tradicional del tricolor, CNC, CTM, CNOP, los jóvenes y las mujeres, no garantiza un triunfo electoral en los estados. En Sinaloa la inconformidad social por la falta de empleo y la inseguridad pública va al alza. In crescendo.
En el documento, cuyo contenido llegó a Proyecto 3 por la vía de los allegados de un Enrique Ochoa Reza inconforme porque en Sinaloa “le están volteando los números de la derrota por una falsa victoria electoral” del PRI, se describe la apertura de tres frentes opositores a las decisiones centralistas del Poder. En el informe real se indica que en Sinaloa es necesario una “alianza sólida” para alcanzar la victoria.
No una alianza con los ya aliados, que son el PAN y el PVEM, sino con la segunda fuerza política: el Partido Sinaloense.
El informe podría caer en unos días más en manos de la presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Martha Tamayo Morales, quien desde el 2013 y hasta parte del 2016 fungió como presidenta del tricolor en Sinaloa, en pleno aunque del gobierno de Mario López Valdez.
No se sabe cual será el tratamiento que le podría dar Martha Tamayo a esa información “extremadamente delicada”, que pinta a un PRI-Sinaloa vulnerable, en picada.