Marcial Liparoli en el centro de una investigación
POR: ALVARO ARAGÓN
El diputado local del PRI, Jesús Marcial Liparoli, es perseguido por una investigación pertinente para desentrañar el origen de su riqueza, un rancho en el municipio de San Ignacio con un plantío de 100 hectáreas de mango y ganado de alto registro.
Entre sus posesiones aparecen, además, con la figura de prestanombres, concesiones de taxis y “pulmonías” en Los Mochis y Mazatlán, y otras propiedades con “fachadas legales” para impedir su localización.
Una de las vertientes de su riqueza podría encontrase en la Dirección de Vialidad y Transporte que operó a su libre albedrío cuando fungía como subsecretario de gobierno durante la administración de Mario López Valdez.
Durante la gestión de Malova se traficaron con cientos de permisos/concesiones para el transporte público cuyos “beneficiaros” soltaron miles de pesos para que se les otorgara esos beneficios, pero que actualmente operan sus unidades motrices bajo el amparo de la protección federal porque los documentos no tenían ninguna validez oficial-legal.
Otro negocio en el que nadie hurgó con profundidad a su debido tiempo fue la venta a chaleco de taxímetros de la época medieval a los ruleteros. La “genial” idea de Jesús Marcial Liparoli fue para “ayudar”, según él, a fijar tarifas accesibles a los usuarios.
Primero se equiparon 400 taxis en un universo de dos mil unidades. El plan era dar el “banderazo” a 10 pesos y cobrar 5 pesos por kilómetro recorrido. Forzados, los ruleteros compraron los aditamentos al doble de su precio pero nunca lo usaron. El programa no funcionó pues al fin y al cabo lo que se trataba era vender los taxímetros.
Otra vertiente que se indaga dado que podría haber generado ingresos sucios a quien fungió subsecretario de Gobierno y que dentro de unos días dejará la diputación local, es el de las placas.
Marcial Liparoli intervino como conciliere del negocio de un millón 500 mil juegos de láminas vehiculares. El Gobierno del Estado de Sinaloa entregó un contrato directo, sin licitar, por 331.5 millones de pesos, a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, con el fin de que le proveyera de placas con el código QR, para tener un mayor “control” sobre el parque vehícular en la entidad.
La Auditoría Superior del Estado hizo una observación al Gobierno del Estado en la que concluyó que hubo un daño en la hacienda pública. Los juegos de láminas se compraron un 75 por ciento más caros que lo que ofertó una empresa mexicana.
El nombre de Jesús Marcial Liparoli saltó a la vista porque la Auditoría Superior del Estado tiene casos pendientes que resolver y agilizar ante la Fiscalía General del Estado y en uno de ellos aparece Vialidad y Transporte y porque se insiste en que Liparoli es uno de los ex funcionarios del régimen malovista cuya fortuna no tiene “soporte lógico”.