Juicio político contra Rosario Robles, vigente: Sección Instructora
Pablo Gómez aceptó que el plazo para que el Senado dictara sentencia contra Robles vencía el último día de noviembre; sin embargo, la Cámara Alta emitió un acuerdo desde abril para suspender todos los plazos legales, por lo que no se ha exonerado
Ciudad de México.- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Pablo Gómez (Morena), informó que el Senado no ha exonerado a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en la administración del priista Enrique Peña Nieto, y que sigue vigente su sentencia de juicio político, por lo que podría ser inhabilitada por 20 años.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gómez aceptó que el plazo para que el Senado dictara sentencia contra Robles vencía el último día de noviembre; sin embargo, la Cámara Alta emitió un acuerdo desde abril para suspender todos los plazos legales, por lo que no se ha exonerado.
“No [se exoneró]. El Senado tomó un acuerdo antes de terminar el periodo de sesiones del Congreso en abril, para suspender todos los plazos por la pandemia, como le hizo la Suprema Corte.
“En la Cámara [Baja] no lo hicimos porque no lo vimos necesario, pero el Senado, tomando en cuenta estas cosas y otras que tenía pendientes, hizo una suspensión de plazos, o sea que el plazo constitucional de un año, que se hubiera vencido en noviembre, pues no se venció”, aseguró.
Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, sin la presencia de diputados de PRI, PAN y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad —con 271 votos a favor— que sí habría lugar para el juicio político contra Robles, y se avaló llevar la acusación ante el Senado para que sea inhabilitada por 20 años; sin embargo, pasaron los meses y no dictó una sentencia.
Por esto, el 6 de noviembre, la Sección Instructora de la Cámara Baja pidió al Senado que le dé el trámite correspondiente a la acusación de juicio político, que desde marzo aprobó San Lázaro.
La sección dijo que el expediente SI/LXIV/JP/01/2019, relacionado con el caso de la Estafa maestra, sólo se tenía hasta noviembre para dictar sentencia.
Ante esto, el también vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, Pablo Gómez, mencionó que no se puede exonerar por defecto, pues sería inconstitucional y una transgresión directa a la Constitución, por lo que el Senado tiene que pronunciarse.
“No se puede exonerar por defecto, sería una transgresión directa a la Constitución de parte del Senado, que no ha integrado la sección de enjuiciamiento.
“Dejar pasar el tiempo tiene responsables y no lo pueden dejar así, no está previsto dejar caer el balón en este caso, el Senado tiene que votar”, indicó.
El legislador aseguró que ha estado insistiendo con la presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Senado, Rocío Adriana Abreu (Morena), sobre este caso, pero le ha dicho que no hay un plazo perentorio.
“Está en curso y tienen que abrir la sesión de enjuiciamiento, hacer actuaciones y proponer una resolución y, cuando la propongan, la inculpada tendrá derecho a presentarse”, detalló.
Recordó que Robles fue acusada por la Cámara de Diputados de juicio político, pero que la sentencia la debe dictar el Senado.
“En este caso, como ya no tiene el cargo, pero si lo tuviera, sería la destitución. Como ya no hay destitución posible, pues procede la inhabilitación”, explicó.
Acusación
Cabe recordar que en marzo, la Sección Instructora encontró elementos para acusar a Robles ante el Senado, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Es importante precisar que desde noviembre de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara Baja avaló iniciar el proceso de juicio político contra Robles por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos.
“Hay elementos suficientes para formular la acusación en contra de la C. María del Rosario Robles Berlanga también conocida como Rosario Robles Berlanga, ya que se configuran acciones y omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por las violaciones sistemáticas a los presupuestos de la Administración Pública Federal, particularmente a los de las Secretarías de Desarrollo Social; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se sugiere que se imponga la inhabilitación”.