Jueces obtienen suspensión que evita eliminación de fideicomisos del Poder Judicial
Una jueza de Distrito adscrita a la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a jueces y magistrados federales del país, la cual frena la eliminación de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el traspaso de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
frena la eliminación de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el traspaso de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), dio a conocer lo anterior a través de un mensaje en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro.
“Hoy, las juzgadoras y juzgadores federales notificamos a la sociedad civil y a todo el personal que labora para la Judicatura Federal, que en el juicio de amparo indirecto número 1754/2023, promovido por la representación de esta Asociación, una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, ha concedido la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veintisiete de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación”, expresó.
Dijo que ahora, el asunto se dirimirá a través de un juicio y no por medio “de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno.
“En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho Decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal.
“Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, añadió.