Propuesta de seguridad de Milei enciende alerta sobre derechos humanos

Buenos Aires. El gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para permitir que las fuerzas armadas participen en seguridad Interior, en la lucha “contra el terrorismo”, control de personas y vehículos que pueden ser considerados sospechosos, y proceder “a detenciones en flagrancia”.

Además, contempla la creación de un comité de crisis, lo que junto a otras medidas recientes del Ministerio de Seguridad Nacional, encendieron una alerta roja en los organismos de derechos humanos, bajo la mira de la actual administración.

En relación al comité de crisis deberá calificar la situación como “acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación”. Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, hoy mientras Milei sostiene que su gobierno propone la reconciliación militar, y se están dando pasos para liberar a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y en momentos en que siguen encontrando restos de personas desaparecidas durante la pasada dictadura militar.

El proyecto determina que el comité de crisis podrá ordenar a las fuerzas armadas medidas como “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles” y “proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en flagrancia”.

La actuación de las fuerzas armadas en este tipo de situaciones deberán contar con la “autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas”. Y en estos casos “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que utilizan las cinco fuerzas de seguridad nacionales, “quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito”.

Esto determina que habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Interior de la Nación y señala que la actuación de las fuerzas armadas en este tipo de situaciones deberán contar con la “autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas”. Y en estos casos “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito”.

En caso de que los militares debieran usar “medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional”. Su accionar “será calificado en cumplimiento de deber y por lo consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”.

Es decir que esto significa borrar el artículo constitucional que impedía a las fuerzas armadas participar en seguridad interior, lo que se logró imponer después de la última y cruenta dictadura militar. Es doblemente grave porque además de que su papel histórico era defender la soberanía nacional, ahora no podrán ser juzgados.

Unido al anuncio de la Unidad de Inteligencia Artificial para hacer un patrullaje cibernético que impuso la Ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, significa la intervención en la vida privada, el control de teléfonos, computadoras y otros mediante lo cual pueden obtener todo tipo de comunicación y conformar “perfiles” de “sospechosos” lo que deriva en allanamientos y aseguran la persecución política “habilitada”.

Consultado por La Jornada, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz (1980), advirtió que ante la grave situación que vive el país, se le añaden estas nuevas “decisiones” dictatoriales, que intentan borrar todo lo que se había logrado avanzar en derechos y “el camino de la paz”

“Esto es grave y muy peligroso para todo el pueblo cuando ya peligra la soberanía nacional” y señaló la necesidad de evitar que estos proyectos sean votados en el Congreso porque “permitirán las violaciones de todos los derechos” y de los avances que habíamos logrado y que el mundo nos acompañaba y respetaba”.