Es un atropello el actuar del Congreso al tratar de entrometerse en la vida universitaria: Abogados de la UAS

Indicaron que defenderán esto por las vías jurídicas y denunciarán estos hechos ante el Juez Federal.

No hay sustento legal para que el Congreso del Estado lleve a cabo la Consulta entre la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) con el propósito de reformar su Ley Orgánica, sostuvieron integrantes del cuerpo de abogados de esta Casa de Estudios, precisaron que defenderán esto por las vías jurídicas y denunciarán estos hechos ante el Juez Federal.

Y es que detallaron y mostraron la resolución del Juez Primero de Distrito donde la Justicia de la Unión ampara y protege a esta casa de estudios contra la violación a su Autonomía y contra cualquier Consulta que no sea realizada por la comunidad universitaria.

El abogado doctor Milton Ayala Vega calificó como un atropello el actuar del Congreso al tratar de entrometerse en la vida universitaria ya que la Ley Estatal de Educación Superior fue aprobada y promulgada para organizar la Consulta a pesar de que el Artículo 3ro de la Constitución dice que no se podrá reformar ninguna Ley Orgánica de las universidades dotadas de Autonomía sin que exista una Consulta previa e informada a la comunidad universitaria y la cual debe ser organizada por ésta.

Lo anterior significa que los universitarios dotados de su Autonomía son los únicos que establecerán las formas y alcances de una reforma a sus leyes orgánicas, además se creó la Ley General de Educación Superior que también salvaguarda la Autonomía de las universidades, pero al crearse la Ley Estatal se incluyeron artículos que violan ese precepto constitucional por lo que consejeros universitarios se ampararon y se frenó esa Ley con una resolución de la justicia federal que causó ejecutoria.

“Significa que esa resolución no puede ser combatida por nadie ni por nada, solamente se tiene que cumplir (…) en esa sentencia se dijo que el Congreso del Estado no podía realizar una Consulta al interior de la Universidad”, expresó y aseguró que a los diputados locales sólo les importa “asesinar” la Autonomía de la UAS.

Precisó que, en la sentencia de amparo, en el resolutivo Sexto y Séptimo pronunciada por el Juez Primero de Distrito del Estado de Sinaloa y confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa, ambos tribunales federales, se estableció clara y tajantemente que si el Congreso organizaba una Consulta ad violaba el Artículo 3ro de la Constitución y la Autonomía de la UAS.

“Por eso se lo digo desde aquí que Feliciano Castro como diputado y coordinador de la JUCOPO, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado son y pretenden ser y pasarán a la historia como los que pretendieron asesinar la Autonomía (…) defenderemos por las vías jurídicas y legales a la Universidad y defenderemos ese atropello que pretenden realizar”, enfatizó Ayala Vega.

El abogado Ramón Bonilla Rojas precisó que no hay sustento legal para que los diputados lleven las acciones que ya aprobaron, pues los tribunales protegen y han dado la razón a la Universidad; los diputados están en un error, en una ilegalidad e inconstitucionalidad, su actuar, consideró es de “cuatreros y hampones” porque intentan hacer un asalto a la UAS.

“Hacen esto aprovechándose de que en este momento el Poder Judicial de la Federación está en un paro (…) va haber una reacción contundente respecto a lo que están haciendo porque en un primer momento la Universidad va a denunciar estos hechos ante el propio Juez Federal y ya veremos lo que dice, que lo más seguro es que pueda declarar la nulidad de todo ese procedimiento legislativo porque está fuera de cauce legal y constitucional”, externó.

Agregó que se está ante un desacato judicial y ante la presunta materialización de violaciones graves a la Autonomía Universitaria, al autogobierno y autonormación de la propia UAS, no se les va a permitir y vía tribunales darán la batalla.

El Abogado General de la UAS, Yamir de Jesús Valdés Álvarez, señaló que la institución no ha recibido del Congreso ninguna notificación formal sobre la Consulta en cuestión.