Sin regular centros de rehabilitación en Los Mochis
Centro de Rehabilitación SENDERO ha sido objeto de alertas por operar de manera clandestina, bajo el cargo de su director José Manuel Burgueño Valenzuela quien se las ingenia para operar sin los permisos necesarios de uso de suelo y sin la aprobación de Protección Civil. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la ética de su funcionamiento.
Las condiciones dentro del centro son alarmantes. Se ha reportado que los internos viven en un ambiente de abuso y negligencia, enfrentándose a situaciones desgarradoras como dormir en el piso, lo cual es inaceptable para un centro que se supone debe brindar apoyo y recuperación, pero tal parece que el presidente de la Federación sinaloense de Centros de Rehabilitación “FESCER” utiliza sus influencias para operar en la clandestinidad.
Además, se ha denunciado que estos individuos son obligados a salir a vender bolsas en la calle, lo que no solo va en contra de su rehabilitación, sino que también los expone a peligros y situaciones de explotación. La alimentación que reciben es igualmente preocupante, ya que muchas veces se limita a sobras donadas por comerciantes, lo que no asegura una nutrición adecuada ni el bienestar físico de los internos.
Informes indican que el Centro de Rehabilitación Sendero opera bajo la protección de algún funcionario, lo que podría explicar la falta de acción y supervisión por parte de las autoridades competentes. Esta situación agrava la problemática, ya que entorpece la posibilidad de que se realicen las denuncias pertinentes y la intervención efectiva.
Es fundamental que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva sobre las actividades del Centro de Rehabilitación Sendero. Es innegable que los derechos humanos de los internos están siendo vulnerados y que requieren una intervención inmediata para garantizar su seguridad y bienestar. La rehabilitación debe basarse en principios de dignidad y respeto, y no en condiciones que atenten contra su integridad.
La comunidad y los ciudadanos deben estar atentos y exigir que se tomen medidas concretas para erradicar estas prácticas, así como para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.