Sin mochada no hay legalizada
**POR: JORGE ARAGÓN**
¿Cómo puede ser posible que entre más dinero a mano de los corruptos que al mismo gobierno, que usa el dinero para obras a favor de la ciudadanía? ¿Hasta cuándo México tendrá un verdadero cambio?
La gente dice que prefiere pagar una cantidad modesta que entre a manos del gobierno, no a los corruptos que hacen el trámite de la legalización. Un trámite normal ronda en un aproximado de 5,000 pesos, y estos ratas cobran 20,000, o sea, entra más dinero a la corrupción que al gobierno. Es preferible que todos los carros entraran a la legalización sin excepción y burocracia, como lo hace el municipio de Durango, para que el dinero no se fugue a manos de los delincuentes con charola.
La corrupción en el proceso de legalización de vehículos ha alcanzado niveles preocupantes, especialmente a raíz del reciente decreto que regula esta actividad. AMLO extiende decreto para la regularización de vehículos usados hasta 2026. El decreto, que busca regularizar los vehículos conocidos como ‘autos chocolate’, permite a los propietarios de estas unidades registrarlas y cumplir con los requisitos fiscales y normativos, o sea, la corrupción va a continuar por un gran periodo.
Entre los nombres del personal corrupto del SATES que salió millonario, destaca uno por el nombre de Humberto, de estatura baja. El gobierno debería de realizar una auditoría y checar con lupa la declaración patrimonial de este individuo y otros involucrados.
Los funcionarios encargados de asegurar el cumplimiento de la ley se han trasladado a nuevas oficinas cercanas al palacio municipal, exactamente en las oficinas de recaudación de rentas, un lugar notoriamente asociado con la opacidad y prácticas corruptas. Como reza el dicho, “entre corruptos se entienden”.
En el Centro de Usos Múltiples (CUM), el ambiente se asemeja a un nido de irregularidades, donde funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa y policías de bajo rango operan en una red de complicidad. A pesar de recibir salarios modestos, estos servidores públicos viven como si pertenecieran a la élite, gracias a las infames “mochadas”.
Documentos y testimonios inquietantes revelan que la legalización de vehículos solo es posible mediante el pago de sobornos considerables. Los funcionarios del SATES se benefician de cantidades exorbitantes, dejando así la legalidad hecha trizas.
Los ciudadanos han comenzado a estallar en redes sociales, denunciando cómo el proceso de legalización se ha convertido en un verdadero mercado negro. “Sin cita, sin inspección, simplemente entregamos con placas”, afirman en escalofriantes publicaciones donde se ofrecen servicios de legalización de autos estadounidenses a precios desmesurados. Algunos llegan a anunciar tarifas de hasta 20,000 pesos para evitar una revisión, cifra cuatro veces superior al costo normal de legalización.
¿Quiénes son los responsables de esta burla a la ley? Aquellos que deberían garantizar el cumplimiento de las normas, pero que, en su lugar, eligen involucrarse en una maraña de corrupción. Gracias a este entramado, los dueños de vehículos “problemáticos” pueden blanquear sus autos sin ninguna regulación.
Los rumores sobre este sistema son persistentes; cada día, un nuevo vehículo entra al CUM, ahora también en las oficinas de recaudación de rentas, y sale con placas, mientras se habla de bolsas llenas de dinero que cambian de manos. ¿Es tan sencillo corromper el sistema? La inquietante respuesta parece ser un “sí”.
Esta corrupción no se limita a Ahome; los sobornos también llegan a los altos funcionarios de primer nivel de la capital sinaloense.
La pregunta urge: ¿Hasta cuándo permitirán los ciudadanos que esta corrupción persista en nuestras instituciones? Es momento de alzar la voz y poner fin a esta situación inaceptable. La legalización de vehículos debería ser un derecho, no un privilegio reservado para los corruptos. ¡Despertemos ante esta realidad y exijamos justicia!