Culiacán, Sinaloa.- El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) de Sinaloa en la sesión #13 de este año aprobó modificar la respuesta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa para que proporcione los nombres de personas servidoras públicas sancionadas por faltas administrativas graves.
La persona solicitante quería conocer cuántas sanciones firmes se han realizado por faltas graves de los años 2018 a la fecha, número de expediente, la autoridad acusatoria y el nombre de la persona sancionada y el tiempo que duraría la sanción.
El sujeto obligado respondió que en el periodo correspondiente existían dos sanciones firmes por faltas graves, sin embargo, reservó los nombres de las personas sancionadas por el Tribunal.
Por ese motivo se interpuso el recurso de revisión, dado que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa dice en su artículo 27 que el nombre de las personas con sanciones firmes se debe registrar en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en la Plataforma Digital Nacional, conforme a la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción.
José Luis Moreno López, Comisionado Ponente del citado recurso, expuso que se revisó la normativa y la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas plantea que una vez las sanciones quedan firmes, deben mantenerse públicos los datos por siete años, y los casos señalados por el Tribunal fueron en el año 2019.
La Comisionada Presidenta, Liliana Campuzano Vega comunicó que por medio del proyecto de Gobierno Abierto se creó el micrositio denominado Monitoreo Anticorrupción, en colaboración con otras instituciones y que se sigue actualizando con información sobre expedientes de faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas.
Liliana Campuzano invitó a las personas a visitar el sitio donde se difunden insumos e información. Se puede acceder en: https://monitoreo-anticorrupcion.ceaipsinaloa.org.mx/
El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada señaló que estos casos revisten un interés en la opinión pública sobre temas que atañen a las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.
José Alfredo Beltrán destacó que persiste en la opinión pública una necesidad y una demanda justa de que se aplique la ley en todos los términos y se combata la impunidad en el servicio público.