Periodo extraordinario: apuros legales, urgencias políticas
En apenas diez días, del 23 de junio al 2 de julio, el Congreso de la Unión enfrenta un periodo extraordinario que podría redibujar el futuro institucional de México. Con una agenda vertiginosa y hasta 22 reformas en la mira, Morena y sus aliados buscan consolidar un poder que despierta serias alarmas sobre la transparencia legislativa y los contrapesos democráticos.
¿Qué se ha aprobado ya?
– La eliminación del Coneval, institución clave para medir la pobreza y evaluar políticas públicas, fue aprobada en la Cámara de Diputados desde el primer día.
– La reforma a la Guardia Nacional transfiere su control operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidando un modelo de seguridad plenamente militarizado.
– En comisiones, avanzaron las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que otorgan a la Secretaría de Seguridad facultades para acceder a datos sin orden judicial.
Lo que sigue: una pauta legislativa imparable
La maquinaria legislativa no se detiene. En los próximos días, se discutirá una batería de reformas que incluye:
– Cambios en telecomunicaciones y radiodifusión, con cláusulas que abren la puerta a la censura digital y a la vigilancia masiva.
– Reformas en materia de búsqueda de personas desaparecidas, integradas en un ambicioso paquete de 20 leyes prioritarias.
– Iniciativas sobre combate al lavado de dinero, competencia económica, regulaciones ambientales y ajustes fiscales, en una agenda que parece tocarlo todo, pero sin el tiempo necesario para el escrutinio público.
Velocidad versus transparencia
El oficialismo asegura que estas reformas son fruto de meses de análisis técnico, y niega estar legislando al vapor. Sin embargo, la oposición denuncia desaseo: apenas 89 senadores y 266 diputados acudieron presencialmente al inicio del periodo; algunos dictámenes, como el de telecomunicaciones, fueron circulados apenas 24 horas antes de la sesión. El PAN acusa que se está legislando “sobre las rodillas”; el PRI califica el periodo como una “ignominia legislativa”; Movimiento Ciudadano alerta sobre los riesgos de censura, militarización y concentración de poder.
¿Qué está en riesgo?
- Evaluación social: Al extinguir el Coneval, México pierde un pilar técnico e independiente para medir la pobreza y garantizar que los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan.
- Seguridad militarizada: La Guardia Nacional pasará formalmente a manos del Ejército, con nuevas facultades de inteligencia sin contrapesos judiciales.
- Libertad digital: Las reformas en telecomunicaciones pueden abrir la puerta al bloqueo de plataformas, la censura de contenidos y la vigilancia de usuarios.
- Derechos ciudadanos: La premura legislativa reduce el análisis técnico, limita la deliberación pública y debilita la legitimidad de las leyes que se aprueban.
En resumen
Este periodo extraordinario no es un simple cierre de pendientes: es un intento por reconfigurar el Estado mexicano desde una visión centralista, militarizada y opaca. La velocidad no sustituye el diálogo, y la eficacia no debe imponerse sobre los principios democráticos. México necesita reformas con legitimidad y debate abierto, no una agenda exprés dictada desde la cúpula del poder.
Si la ciudadanía no exige transparencia, participación y rendición de cuentas, este periodo no será un paso adelante, sino un retroceso silencioso hacia un país menos libre.