Congreso del Estado: la hora de actuar contra la corrupción en el STASAC
En la memoria colectiva sinaloense, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) siempre ha sido una institución con peso político, económico y social. Pero, en los últimos años, ese peso se ha convertido más en lastre que en ancla de estabilidad laboral. Las denuncias contra su actual secretario general, Julio Enrique Duarte Apán, no son simples rumores: apuntan a un esquema sistemático de corrupción que atenta contra los derechos laborales y la dignidad de las y los trabajadores, sobre todo de quienes menos tienen.
El caso más grave, y el que hoy debe encender todas las alarmas, es la venta de bases sindicales. No se trata de una queja aislada, sino de testimonios coincidentes y verificados por listas que incluyen nombres de trabajadores con diez, veinte e incluso hasta 36 años de antigüedad que siguen esperando un derecho ganado con sudor y servicio. Mientras tanto, otros —con menos tiempo o incluso sin trayectoria en el Ayuntamiento— acceden a esas plazas previo pago de sumas que, según denuncias, han pasado de 30 mil pesos hace algunos años, a 100 mil pesos en la actualidad.
El hecho de que un trabajador pregunte con impotencia “¿Por qué tengo que pagar por una base a la que tengo derecho por antigüedad?” no es una simple queja: es la voz de una injusticia que ha normalizado el abuso de poder y el tráfico de influencias. Este esquema no solo vulnera derechos laborales, sino que perpetúa una cultura de corrupción que erosiona la confianza en las instituciones sindicales y gubernamentales.
La corrupción en el STASAC no es un fenómeno reciente. De acuerdo con testimonios, se ha mantenido gracias a complicidades entre funcionarios del Ayuntamiento y líderes sindicales que han hecho del acceso a las bases y plazas un mercado clandestino. Lo que antes se manejaba como un rumor de pasillo, hoy se sostiene con datos, nombres y montos.
Ante esta situación, el Congreso del Estado de Sinaloa tiene no solo la facultad, sino la obligación moral y política de intervenir. A través de una labor exhaustiva de fiscalización e investigación, el Poder Legislativo debe verificar la veracidad de las denuncias y, de confirmarse los delitos, garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. No hacerlo equivaldría a ser cómplice por omisión.