DIRECTOR DE NORMATIVIDAD PROTEGE NEGOCIOS CLANDESTINOS EN AHOME

Jorge Mauricio Cosío, titular de Inspección y Normatividad, es señalado de operar al margen de la ley cobrando fuertes sumas de dinero para proteger peleas de gallos, carreras de caballos en los ejidos, negocios de apuestas y bares clandestinos, todo esto a espaldas del alcalde Antonio Menéndez.

Se detalla que en eventos como las carreras de caballos y peleas de gallos se manejan fuertes apuestas que no están reguladas de ninguna manera. El esquema de corrupción consiste en cobrar “mochadas” que van desde los 3 mil hasta los 5 mil pesos, dependiendo el tamaño y tipo de negocio. A cambio de estas cantidades, les permite operar fuera de la normatividad, sin permisos y, lo más grave, fuera de los horarios que la ley señala, poniendo en riesgo el orden y la seguridad pública.

Pero el esquema de extorsión va mucho más allá. Se denuncia que Cosío tiene toda una red de inspectores que recorren negocio por negocio en el municipio. El pretexto utilizado es exigir el permiso de Uso de Suelo, documento que la mayoría de los establecimientos no tienen vigente o no cuentan con él. Aprovechando esta situación, exigen y cobran una cuota de 3,000 pesos cada seis meses por cada local para permitirles seguir operando sin problemas.

Estas acciones manchan la imagen de la administración y afectan directamente los proyectos políticos del Presidente Municipal, quien parece desconocer estos manejos ilícitos de su colaborador.

Además, se le acusa de lucrar con la vía pública mediante cobros ilegales a vendedores de mango en el centro de Los Mochis. Según denuncias, cobra 100 pesos diarios por el espacio, más otros 1,000 pesos mensuales por concepto de “memorándum”.

Para llevar a cabo estos cobros, designó a José Wilson, Coordinador de Inspección y Normatividad de Vía Pública, quien sería el encargado de recaudar el dinero directamente de los entre 5 y 7 vendedores que operan en la zona.

Esta situación ha generado una fuerte inconformidad entre los locatarios formales de la Zona 30, quienes manifiestan que quieren salirse a vender a las calles. Argumentan que es injusto pagar rentas y mantenerse dentro de los mercados cuando el propio director permite y cobra para que otros vendan libremente, generando competencia desleal y perjudicando su economía.

Se confirma así un patrón de desobediencia y enriquecimiento ilícito, donde las áreas públicas y la reglamentación municipal se utilizan como fuente de ingresos personales.