Los abogados Luis Antonio Sánchez, Alejandro Hernández y Guillermo Gasca, representantes legales del alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, acudieron este día a Oficialía de Partes para entregar un documento.
En la petición, los litigantes solicitaron el reconocimiento de la insubsistencia constitucional sobrevenida y el cese de la eficacia actual de la declaratoria de procedencia, en observancia de los parámetros de regularidad constitucional establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Explicaron que, en la controversia constitucional 245/2025, la Corte resolvió que en investigaciones relacionadas con recursos federales la única instancia facultada para auditar es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dejando sin competencia a las auditorías estatales.
En consecuencia, señalaron que el procedimiento que derivó en el desafuero del alcalde el 2 de mayo de 2025 se encuentra viciado de origen y con un “efecto corruptor” en la investigación.
La Auditoria Superior del Estado detectó el arrendamiento irregular de 126 patrullas con un costo de 171 millones de pesos a una empresa en una clara violación de la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa.
Los abogados precisaron que el Congreso del Estado debe reconsiderar sus resoluciones y cesar los efectos de las investigaciones, lo que abriría la posibilidad de que Vargas Landeros recupere la presidencia municipal de Ahome.
“La Suprema Corte ya emitió parámetros claros que deben acatar todas las autoridades en términos del artículo 1º constitucional de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”, subrayaron.
Asimismo, indicaron que el documento deberá ser turnado a comisiones y posteriormente al Pleno para su discusión y votación. En caso de que el Congreso no atienda el criterio de la Corte, adelantaron que promoverán otros recursos legales para la defensa de los derechos del alcalde.
Sobre los señalamientos penales, los abogados sostuvieron que también quedarían sin efecto, al tratarse de procedimientos iniciados en el fuero común cuando, conforme a la resolución de la SCJN, debieron ser competencia federal.
“No es una opinión personal del licenciado Vargas, sino una resolución autónoma de la Suprema Corte que lo alcanza y que debe ser acatada”, puntualizaron.
Finalmente, confiaron en que el Congreso resolverá conforme a derecho y reivindicará su determinación anterior, evitando que el documento quede “congelado” sin trámite.