Mario Zamora exige transparentar los retenes en Sinaloa: “La seguridad debe dar resultados, no miedo”

Presenta un exhorto para transparentar la operación de los retenes federales, investigar el presunto abuso ocurrido en el Valle del Carrizo y revisar la actuación de personas auxiliares conocidas como “madrinas”.

El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución para exigir que las autoridades federales transparenten la operación de los retenes instalados en el estado de Sinaloa.

Mediante esta iniciativa, el legislador solicita hacer del conocimiento público los resultados obtenidos en dichos operativos, investigar el presunto uso excesivo de la fuerza registrado recientemente en el Poblado 5, Valle del Carrizo, municipio de Ahome, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de todo el personal que participa en estos puntos de revisión.

Al respecto, Zamora Gastélum señaló que las estrategias de seguridad implementadas en el país —incluyendo los retenes carreteros— no solo deben perseguir la eficacia en el combate a la delincuencia, sino también generar confianza ciudadana y demostrar, con resultados verificables, que contribuyen realmente a la seguridad pública.

“Los sinaloenses queremos vivir seguros, pero también queremos instituciones que actúen con legalidad, profesionalismo y con un respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La autoridad debe generar confianza y tranquilidad, no temor en las familias que transitan por nuestras carreteras.”

El legislador recordó que el 11 de diciembre de 2023, el propio Gobierno del Estado de Sinaloa emitió un posicionamiento institucional en el que reconoció formalmente la existencia de denuncias ciudadanas por presuntas extorsiones y malos tratos en retenes carreteros, pronunciándose además a favor de garantizar el derecho constitucional al libre tránsito.

“A casi tres años de ese pronunciamiento oficial, la realidad demuestra que las medidas adoptadas han sido insuficientes. Hoy la pregunta sigue vigente: ¿qué resultados concretos y medibles están dando estos retenes para mejorar la seguridad de las familias sinaloenses?”, expresó.

Mario Zamora subrayó que la seguridad no se mide por el número de retenes instalados, sino por los resultados que producen, la confianza que generan y el respeto con el que actúan frente a la ciudadanía.

A través de este exhorto, solicita que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República hagan públicos los criterios técnicos, jurídicos y de inteligencia que justifican la instalación y permanencia de estos retenes.

Asimismo, exige que se transparenten las estadísticas reales sobre el número de personas detenidas, armas aseguradas, decomisos de sustancias ilícitas, vehículos con reporte de robo recuperados, costos operativos e indicadores utilizados para evaluar la eficacia de esta estrategia de seguridad.

El Punto de Acuerdo también solicita que la Fiscalía General de la República y los órganos internos de control competentes inicien investigaciones prontas, objetivas e imparciales para esclarecer los presuntos hechos difundidos públicamente en el Valle del Carrizo. De igual manera, pide la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine si existieron violaciones a derechos humanos y, en su caso, emita las recomendaciones correspondientes.

Uno de los ejes centrales del exhorto consiste en transparentar la participación de personas auxiliares, estibadores u otros colaboradores que intervienen en los retenes federales. La ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué fundamento legal participan, cuáles son sus funciones específicas, quién responde por sus actuaciones y si cuentan con la acreditación, capacitación y supervisión institucional correspondientes.

“No se trata de señalar o descalificar a quienes colaboran en estas tareas. Se trata de dar certeza a todos. Si una persona ejerce funciones de autoridad, debe estar plenamente acreditada, portar una identificación oficial visible y ser reconocible por la ciudadanía. Cuando, por razones operativas o de seguridad, los protocolos autoricen el uso de equipo que cubra el rostro, debe existir un mecanismo institucional que garantice plenamente su reconocimiento, la legalidad de su actuación y la responsabilidad de sus actos.”

De la misma manera, el legislador señaló que, si existen personas auxiliares que colaboran de forma permanente en estos operativos, también debe transparentarse su situación laboral y administrativa.

“La ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué régimen prestan sus servicios, si forman parte de alguna institución pública y si cuentan con la seguridad social, el ISSSTE, el FOVISSSTE y las demás prestaciones laborales que conforme a la ley les correspondan. Profesionalizar la seguridad también significa brindar certeza jurídica y condiciones laborales dignas a quienes participan en ella.”

Finalmente, Mario Zamora reiteró que respaldar a las instituciones de seguridad también implica fortalecerlas mediante reglas claras, transparencia y rendición de cuentas.

“Respaldamos a quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a las familias mexicanas. Precisamente por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar que toda actuación se realice con estricto apego a la ley, con transparencia y con pleno respeto a los derechos humanos. La transparencia protege a los ciudadanos, pero también protege a los buenos elementos que todos los días cumplen con su deber. Cuando las reglas son claras, ganamos todos: la sociedad, las instituciones y quienes arriesgan su vida por México. La seguridad debe dar resultados, no miedo; y una estrategia eficaz también debe rendir cuentas.”