Crimen organizado hasta en la sopa
Legalidad en crisis INE-TEPJF
El pasado fin de semana fueron asesinados a tiros el alcalde panista de Jilotzingo, Estado de México, Juan Antonio Mayén Saucedo y dos de sus escoltas.
El 1 de diciembre de 2012, el priista mexiquense Enrique Peña Nieto prometió a los compatriotas un “México en paz”. Si no puede ofrecer a sus paisanos un “Estado de México en paz”, lo obvio es que el eje rector de su gobierno está atrofiado o se basó en el ilusionismo.
No es sólo el reciente asesinato del político panista el que documenta esa convicción.
De acuerdo con expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (que gobierna el aspirante presidencial priista Eruviel Ávila Villegas), en la entidad ha aumentado 30 por ciento el número de feminicidios en los primeros 100 días de 2016.
Son 90 mujeres mexiquenses las ejecutadas del uno de enero al 10 de abril pasados, aunque la PGJEM se niega a reconocer feminicidio en la mayoría de los casos; lo que no obsta para que aquellas mujeres estén bien muertas.
Mujeres es un rango de las víctimas. Lo cierto es que, de marzo de 2014 al mismo mes de 2016, en el Estado de México se han perpetrado un total de 502 homicidios dolosos, algunos atribuidos al crimen organizado.
No pocos de esos asesinatos tuvieron como víctimas a personas secuestradas, otro delito de alto impacto que tiene aterrorizada a la sociedad mexiquense.
El municipio mexiquense de Ecatepec, del que fuera alcalde el ahora gobernador aspirante presidencial priista Ávila Villegas, disputa el campeonato nacional en secuestros y homicidios.
Por si eso fuera poco, el Estado de México, lidera el robo de vehículos automotrices, según balance de las compañías aseguradoras. Pero aún hay más: De 200 mil unidades de transporte público que dan servicio en dicho estado, 35 mil son piratas toleradas. ¿Se puede hablar así de un México en paz?
Prototipo tricolor: El colimense Peralta Sánchez
Vuelta la página: En 2015, el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación anuló en Colima la elección de gobernador por comprobadas violaciones al Código Electoral, imputadas a funcionarios priistas de la pasada administración tricolor, asunto que involucró al mexiquense César El Breve Camacho Quiroz, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ex mangoneador del “legislador” mazatleco Quirino Ordaz Coppel
Ya con Manlio Fabio Beltrones Rivera en la dirigencia nacional del PRI, el 17 enero de 2016 se repuso la elección de gobernador, que favoreció al priista José Ignacio Peralta Sánchez.
La primera obra de la gestión del priista Peralta Sánchez fue la adquisición de un lujoso departamento en condominio a un costo de siete millones de pesos, cuando todavía no cobraba su primer mes de salario. Asunto que corresponde a la subcultura tricolor.
Colima, un asesinato cada once horas
El otro asunto corresponde a la Justicia Penal: Según los reportes que procesa la Secretaría de Gobernación, en los dos primeros meses de gobierno del priista Peralta Sánchez, Colima arrebató a otros estados el liderato en homicidios dolosos: 126 casos.
Si bien ese número absoluto es menor al de otros estados, la nota se destaca por la proporción contable según el número de crímenes por densidad poblacional: 17.13 por cada 100 mil habitantes.
El fenómeno se subraya con letras rojas, porque hasta hace pocos años Colima era catalogado como uno de los estados de la República más seguros. Ahora se comete un asesinato cada 11 horas.
En la onda justiciera andamos: Con base en denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados federal, la Procuraduría General de la República indició a ocho ex funcionarios priistas de la priista administración de gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Los delitos imputados a esos ocho ex funcionarios priistas se tipifican como uso indebido de atribuciones y facultades, y peculado, la marca de la casa de las administraciones tricolores.
También los facinerosos electorales
Corre video: Ahora desviemos el reflector hacia los facinerosos electorales: La semana pasada, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al través de sus comités estatales en Durango, presentaron dos denuncias: Una penal y otra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Las causales de esas denuncias, son la destrucción de propaganda de campaña del candidato de la alianza PAN-PRD, José Aispuro Rosas, y repetidas agresiones a los brigadistas promotores del voto de esos partidos.
Por supuesto, las sospechas se dirigen a mapaches tricolores que actúan encapuchados en aquellas zonas donde el PRI sabe ya que va a perder el próximo 5 de junio.
A propósito de Durango, menester es recordar que el PRI logró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cancelaran el registro del candidato a gobernador por Morena, Guillermo Fabela. Lo mismo ocurrió con la correspondiente candidatura en Zacatecas de uno de los hermanos Monreal.
Como se sabe, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaron esa acción del INE y restituyeron el registro a los demandantes.
Cuando se pelean las comadres, salen las verdades
El tema dio a pie a un sainete escenificado en la sesión general del INE el pasado 20 de abril, en la que el representante de Morena, Horacio Duarte acusó a los consejeros, el presidente Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, de actuar bajo consigna tricolor contra sus adversarios.
Expresamente se denunció al consejero electoral Marco Antonio Baños de operar como enlace de Manlio Fabio Beltrones Rivera en la intención de desplazar “a la mala” a otros partidos beligerantes en la pugna de 2016. En esa línea, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no se le ha de tocar ni con el pétalo de una sospecha.
Cómo andará la cosa que hasta el representante del PRD, Pablo Gómez Álvarez se sumó a las acusaciones de Morena, asegurando que las decisiones del INE “si tienen color. Por eso ha tenido tantos tropiezos, que no han sido pocos”.
Y todavía, Córdova se atreve a acusar a los magistrados federales de “alejarse de la ley” y poner en riesgo el modelo de fiscalización del INE. Lo típico, “cuando se pelean las comadres, salen las verdades”.
El candidato de Peña en Sinaloa: Quirino Ordaz
Crimen organizado en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Crimen organizado, pues, en el universo electoral.
No olvidar que el jefe indisputado del PRI, es el huésped de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, quien funge también como jefe de Estado y de gobierno.
Es el jefe de Estado y de gobierno que el 1 de diciembre de 2012 prometió a los mexicanos un “México en paz”. No lo cumple ni siquiera en su “patria chica”.
El candidato de Peña Nieto para la gubernatura de Sinaloa, es Quirino Ordaz Coppel. Con eso esta dicho todo. Es cuanto.