Planta de amoniaco, donde el influyentismo pisotea la ley
Para doblegar a los pescadores que reclaman el daño al mar
y a su actividad, les ofrecen trabajo como obreros de la fábrica
En el ranking de zonas contaminantes del país, Sinaloa elevo su puntaje negro porque no ha habido cuidado en el manejo de agroinsumos.
Los contaminantes tóxicos de la agricultura se entre mezclan con desechos mineros que caen al mar luego de recorrer las arrugas serranas a través de ríos que abrazan las aguas de arroyos y mantos acuíferos, donde se arrojan magnesio, mercurio y otros materiales peligrosos que se usan en la extracción de oro, fierro, zinc y plata.
En el proceso, los únicos que han ganado son los agricultores y las empresas mineras que contaminan las aguas de ríos, arroyos y las playas de la entidad, porque los pescadores están pagando la cruda de una borrachera que no se pusieron, ya que son víctimas directas de la contaminación que ellos no generaron y que les cobra una factura que se refleja en una caída en la tasa de producción de especies marinas.
Los pescadores son los grandes perdedores.
En el horizonte de responsabilidades de la incesante contaminación de los litorales, el foco apunta a los delegados federales de las Secretaria del Medio Ambiente, y Recursos Naturales, -SEMARNAT-, Jorge Abel López Sánchez; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente -PROFEPA-, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, -SAGARPA-, Rolando Zubia Rivera, cuyo desempeño fluctúa entre la complicidad y la omisión.
Es Francisco Labastida Gómez de la Torre, secretario de Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, el que pinchó y sacó pus del descuidado manejo de los agroinsumos al justificar la devastación, explicando que el proceso de instalación de la empresa productora de gas amoniaco en el puerto de Topolobampo no es nada distinto de la contaminación de las aguas durante décadas, con rostros de responsables retratados en la actividad empresarial y agrícola del norte de Sinaloa.
La planta de amoniaco se encuentra en obra negra y momentáneamente detenida por un soplo de reflexión del gobierno federal en virtud de que el proyecto emitirá efectos contaminantes y aumentos en la temperatura ambiente en la bahía de Ohuira y Santa María, entre cuyos márgenes se proyecta la empresa.
Los Sócrates del proyecto reconocen que la planta de amoniaco emitirá contaminación pero están elaborado planes de control para que el impacto sea lo menor posible.
A pescadores ofrecen empleo no cuidar su medio ambiente
Los pescadores son estatuas de piedra en los planes de desarrollo económico porque no han sido escuchados ni tomados en cuenta en relación a la construcción y funcionamiento de la planta. En el discurso les ofrecen empleo a cambio de que no metan ruido.
En sí la obra encierra claroscuros. Se diseña en los pasadizos secretos de las relaciones políticas y por tanto transporta el gen de lo mal hecho.
A pesar de los temores detonados en el puerto de Topolobampo, el proyecto avanza en la ruta de los trabajos sacados a cualquier costo y por cesárea si es preciso para alimentar el ego político de la protección al ambiente y los recursos naturales.
La historia de la planta de amoniaco se está narrando con la tinta negra de los daños al ecosistema y con la camisa de fuerza colocada a los pescadores regionales para que no eleven el volumen de sus reclamos a fin de que no se dañe la fuente de su supervivencia: el mar.
La narrativa del proyecto siembra las dudas, máxime los personajes que se encuentran detrás.
Invaden el humedal 9 del país por su importancia
En primer término la obra se despliega sobre el noveno humedal más importante del país, donde cualquier programa de rescate natural permitiría potenciar la producción de especies marinas. Es por ello que es considerado un lugar inapropiado para desarrollar este tipo de proyectos por el impacto ecológico que acarrearía
Por otro lado los personajes detrás de su elaboración tiene un perfil sui generis.
En el desarrollo del proyecto se encuentra la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, que en documentos se encuentra como propiedad del empresario atunero José Eduvigildo Carranza Beltrán, quien sostiene una estrecha amistad con Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa.
El exgobernador de Sinaloa fue el primero que removió el cuchillo en la herida del ecosistema en Topolobampo mediante el sistema de relleno de zonas lagunares aledañas al puerto durante su sexenio. Bajo el argumento de que las zonas recuperadas se entregarían a los habitantes del lugar se destruyeron mangles y otras áreas que en menor proporción se usaron para viviendas y la mayor superficie obtenida se distribuyó entre Pirrurris que mantienen en calidad de conquista la zona.
Carranza es dueño de Grupo Pinsa, que posee más del 50 por ciento del valor de producción de atún en México, estiman economistas y analistas.
En cuanto a Gas y Petroquímica de Occidente, fue creada en el 2013 para construir y operar plantas de producción de amoniaco, fertilizantes y otros productos químicos derivados del petróleo y gas natural, y está conformada por las empresas Petro-Pinsa S. A. de C. V. y MEXKC S. A. de C. V., de las que Carranza aparece como dueño.
Pisotean la constitución y ninguna autoridad replica
En un paso raro en la travesía el empresario sinaloense, renunció a la presidencia del Consejo de Administración y quedo en su lugar un extranjero de nombre David Joseph Cassidy, de origen británico y que se desempeña como representante de Grupo ProMan, de donde es el director ejecutivo.
Es decir el musculo del control en el manejo de la planta no estará en mexicanos sino que será entregado a extranjeros para su operación.
Es decir la contaminación será para Sinaloa y las utilidades para los europeos que arrían la bandera de propiedad de la planta de amoniaco.
De acuerdo con las reformas de 1994 al artículo 27 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos las inversiones en territorio nacional serán dominadas por los ciudadanos mexicanos y sus socios deberán tener acciones minoritarias en cada proyecto; sin embargo, se han vuelto una práctica oscura los simulacros de sociedades en las que los ciudadanos mexicanos operan como prestanombres por una temporada y al cabo del tiempo los empresarios de otras nacionalidades se quedan con el santo y la limosna de las industrias que operan.
Esto ocurre en la planta de amoniaco en donde el uso del musculo político plancha los proyectos contaminantes.
El ataque a los pescadores y al ecosistema lagunero y marino de Topolobampo se libra entre polvo y lodazales. Entre la especulación, el engaño y la desorientación de los primigenios dueños de los predios.
La pobreza de los ejidatarios es también una cereza colocada en el pastel colocado en la mesa del primer banquete y los políticos se cambian de empaques para sacar ventajas.
En el escenario de pesadilla se coloca a Rubén Félix Hays, ex diputado federal y ahijado político de Francisco Labastida Ochoa.
La historia abreviada del ataque a la sanidad marina indica que acreditándose de oficio campesino, el ex candidato a alcalde de Ahome, Rubén Félix Hays, adquirió las tierras ejidales que pertenecen a un humedal declarado Sitio Ramsar.
En la compra-venta participo su colaborador, Armando Rodríguez, quien fue su compañero de fórmula como candidato a diputado local. En el momento de las negociaciones y contando con información privilegiada de primera mano, vendió la tierra a la empresa desarrolladora de la planta de fertilizantes, cuyo funcionamiento configura el núcleo de conflictos con organismos internacionales que expresaron su apoyo para que los humedales fueran declarados sitios Ramsar.
En la voraz lucha de centavos, pesos y contrapesos políticos la normatividad ecológica va camino del basurero, porque se aplica con distorsiones.
Y los pescadores van camino de la estrechez económica y el hambre.