Intocables, funcionarios de Malova
POR: ALVARO ARAGÓN
Más allá de la aprobación o rechazo de las cuentas públicas del primer semestre del 2016, bastaría con que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y la Procuraduría General de la República hurgaran en las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales (inmobiliarios) de los funcionarios de Mario López Valdez –gobernador 2011-2016-, para destapar la cloaca de la corrupción del pasado sexenio.
Los nuevos ricos del ejercicio administrativo de Malova son el hilo de la madeja que hay que jalar con firmeza para dar con el paradero de miles de millones de pesos que no se localizan en los registros de la mayoría de las dependencias estatales. Una investigación para efectos, cuando menos de aclaración o para conocer los orígenes de los dineros que ostentan los malovistas, rompería con la sospecha de la protección oficial.
Los funcionarios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel saben de lo sencillo que sería abrir carpetas de investigación, pero inexplicablemente, en las altas esferas del Poder Estatal y en el Congreso del Estado, es tabú hablar, denunciar o presentar evidencias de enriquecimiento inexplicable.
Si bien, el mismo Hernán Cortés, en la época de la colonia, fue procesado por el exceso de caballos y la acumulación de metales preciosos y tuvo que demostrar que no abusó de su función pública para obtener tales bienes ¿por qué no llamar a cuentas a los funcionarios de Malova para que expliquen de sus propiedades y cuentas bancarias?
El Sistema Nacional Anticorrupción ofrece las facultades legales para que institucionalmente se ejercite de la mano con la sociedad civil las acciones en contra de la corrupción de los funcionarios públicos. Para desgracia de los sinaloenses todos se tapan con la misma cobija: la PGJE y la PGR duermen el sueño eterno. Cooptadas por el gobierno estatal y federal.
A como van las cosas, pues, todo parece indicar que el gobernador Quirino Ordaz Coppel estaría dispuesto a implantar en Sinaloa la doctrina Fidel Herrera Beltrán, que dice así: “Si el poder no sirve para esto y para esto otro, entonces, ¿para qué chingados sirve el poder?”. Es la placenta del enriquecimiento “inexplicable”, más que explicable en ese tono argumentativo.
El veracruzano Herrera Beltrán, quien inició su carrera de bandido en los años setenta como presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Acapulco, dejó como gobernador del estado a Javier Duarte de Ochoa. Sobre el esférico y etéreo ex gobernador pesan al menos 54 denuncias por corrupción.
Fidel Herrera fue glorificado por Enrique Peña Nieto nombrándolo cónsul en Barcelona, España. Cuando se le involucró en la matanza de niños enfermos y muertos de cáncer, tratados con placebos hídricos, “renunció” para hacer frente a las causaciones de Miguel Ángel Yunes. No aparece en México todavía. Se ha vuelto ojo de hormiga.
Unas 48 horas antes de que Ordaz Coppel jurara sobre la Constitución de Sinaloa, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez instó a los gobernadores a armonizar con la federal las leyes de fiscalización para evitar el pillaje sobre los recursos públicos.
Fue un exhorto a futuro. Pero para el 29 de diciembre, Portal Martínez ya había denunciado que los gobiernos de los estados, sin excepción, eran responsables de irregularidades en el manejo de las finanzas públicas (por las que se habían abierto los expedientes respectivos). En la polla estaba el gobernador Mario López Valdez.
Para entonces, 15 gobiernos de estado ya habían sido consignados a la Procuraduría General de la República.
La causa común por la que los gobernadores eran investigados, entre ellos Malova, consistía en la argucia de presentar reportes a la Secretaría de Hacienda en materia de deuda pública, sólo para retirarlos días después y tener las manos libres para contratar nuevas deudas. Es el menor de los atracos a las tesorerías tanto federal como de los estados.
Una cuestión fundamental fue planteada por el auditor federal Portal Martínez: Los auditores estatales son designados por el gobernador y a nadie más le sirven.
Es el caso de Sinaloa: El responsable de la Auditoría Superior del Estado no sirve a la sociedad, sino al gobernador en turno.
El Congreso del estado ha rechazado por abrumadora mayoría la Cuenta Pública de López Valdez correspondiente a su último ejercicio fiscal de 2016. No es un simple ejercicio de hacer leña del árbol caído. Las evidencias, aun a vuelo de pájaro, son de naturaleza contable, tangibles.
Pero la típica actitud de los políticos que obran bajo la perversa lógica de “hoy por ti, mañana por mí” se atiene a que hay que dejar que los problemas se pudran y pasen al olvido de la sociedad agraviada.
Por ese atajo parece transitar Ordaz Coppel. La coartada es que la ley impone determinados plazos para que “los presuntos responsables” respondan a las “observaciones” que hace el órgano fiscalizador. Para cuando eso ocurre, se podría ir vivo el gavilán, como ha ocurrido con Duarte de Ochoa. Enrique Peña Nieto le tendió puente de plata. De mucha plata. Por algo sería.
En eso de la corrupción, la posición de Ordaz Coppel va a contrapelo del partido que lo llevó al poder, el PRI. Con Enrique Ochoa Reza, se han fincado al menos 15 expedientes contra militantes corruptos: Entre esos procesos están los ejecutados contra los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y César Duarte Borge.
Dicho para entrarle de frente, están los casos de Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas) y el más reciente de Rodrigo Medina, de Nuevo León, que todavía no ha sido expuesto a la Comisión de Justicia Partidaria, aunque ya visitó el penal de Topo Chico, de Monterrey.
La malicia popular tiene derecho a preguntarse: ¿Qué oscuros compromisos hizo o selló Quirino Ordaz Coppel con Malova para no entrarle, a la voz de ya, al toro por los cuernos? Ahí está el evidente y descarado enriquecimiento inexplicable de los funcionarios malovistas, está a la vista de toda la sociedad, nada más que los diputados y los nuevos funcionarios estatales no lo ven o prefieren ignorarlo.
El rechazo a las cuentas públicas “sin fuente de pago” ofrece la coyuntura para abrir ya, de inmediato, carpetas de investigación por los delitos de peculados, ejercicio indebido de la función pública y otros graves delitos en contra de exfuncionarios estatales.
¿Por quién empezar? La lista es larga: Ernesto Echeverría Aispuro, Francisco -Kiko-Castillo Herns, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Genaro García Castro, José Luis López Montiel….