Quirino Ordaz: PGR, narcotráfico y muerte
POR: ÁLVARO ARAGÓN AYALA
Las cosas como son: De la inundación de sangre y de la invasión del narco en territorio mexicano, ¿quién es el responsable en un Estado con régimen presidencialista, cuyo titular, además, el 1 de diciembre de 2012 prometió a la sociedad un México en paz?
¿Es responsable o no Quirino Ordaz Coppel con apenas 6 meses de gobierno de la presencia de grupos delictivos y de la escalada criminal en Sinaloa?
De la seguridad pública, que es una función del gobierno civil, la presidencia del panista Felipe Calderón, en su sexenio comandante supremo de las Fuerzas Armadas, responsabilizó a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.
Eso ocurrió en diciembre de 2006 cuando el michoacano declaró unilateralmente su guerra al crimen organizado.
Después de una década de barbarie –muertes y más muertes a todo lo largo y ancho del país-, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido reiterativo en su exigencia de que los gobernadores den la cara y rindan cuentas de sus estrategias, acciones y resultados en materia de seguridad pública.
Sin embargo, específicamente, la mayoría de los gobernadores han sido obligados desde y por el centro a confiar sus corporaciones de seguridad pública, incluso municipales, a mandos militares; algunos en retiro y otros en activo.
No son pocos los gobernadores que han asumido una posición que no deja de tener sus fundamentos constitucionales: Los delitos relacionados con la producción y el tráfico de drogas, origen de la violencia criminal, son materia competencia federal.
La realidad es que los gobiernos de los estados no están facultados, ni tienen cuerpos de élite para emprender tareas de Inteligencia relacionadas con la delincuencia organizada; una de cuyas codificaciones abarca las actividades de los traficantes de drogas, armas y trata de personas, y las vinculadas al lavado de dinero.
En una combinación de estadísticas procesadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y organizaciones civiles interesadas en delitos de alto impacto, revela que de 2006 a 2017 se han perpetrado en México más de 200 mil muertes violentas; invariablemente, atribuidas por las autoridades federales “al crimen organizado”.
Contra esa monstruosa y elocuente realidad, sin embargo, titulares de entes dependientes de la Coordinación del Gabinete de Seguridad Nacional (Secretaría de Gobernación), y hasta el propio presidente de la República, se ponen a mitad del foro mediático y el primer dato que arrojan, es que casi la totalidad de “los objetivos” (122 para citar un dato de inicios del sexenio) del combate organizado, han quedado cumplidos y han sido capturados y sometidos a proceso.
Existe una figura en medicina siquiátrica que habla de polaridad. Se refiere a la disfuncionalidad que en un cerebro produce reacciones encontradas. Se puede ilustrar ese fenómeno con un diagnóstico vulgar: Hay quienes sueltan la lengua sin pedirle permiso al cerebro. Aplica al gabinete de Peña Nieto.
Un escenario puede ser el siguiente: A principios de semana, en Florida, tuvo lugar la conferencia para la Prosperidad y Seguridad de Centroamérica, en la que la representación mexicana estuvo encabezada por el canciller Luis Videgaray Caso.
Ahí, los delegados de los Estados Unidos ponderaron la voluntad de colaboración del gobierno mexicano en los compromisos para el combate al crimen organizado en la región, y en especial al narcotráfico. Obviamente, el balance parece no ser satisfactorio, pues Washington impuso una nueva agenda a los gobiernos centroamericanos para que den mejores resultados en el objetivo de “seguridad hemisférica”. Y, ¿dónde queda la calificación de las corporaciones gringas en esa responsabilidad?
Aquí salta la liebre. Y aparece la contraparte: El primer sujeto obligado en la persecución de la delincuencia organizada en México, es la Procuraduría General de la República (PGR). Su titular es el abogado por la Universidad Panamericana (de la que es egresado también el Presidente Peña Nieto), Raúl Cervantes.
Aquí entramos en materia: El procurador federal, Raúl Cervantes ganó los primeros planos mediáticos con la declaración de que “el crimen organizado pasó de ser un problema de Seguridad Nacional a asunto de seguridad pública”. Si es así, el abogado que fue del PRI y pasó a ser “abogado de la Nación” patea el balón a los gobiernos de los estados. Vuelta a la burra al trigo.
Durante la gestión del doctor Sergio García Ramírez como titular de la PGR, hace tres décadas, el constitucionalista razonó que atrás habían quedado los tiempos de que actos del narco eran “incidentes de barandilla policiaca” municipal que fueron tomados, dada su dimensión y gravedad, por la competencia federal y constituían desde entonces una “cuestión de Estado”. “De Seguridad Nacional”.
Parece obvio que, con unos cuantos meses en la PGR, Raúl Cervantes da por resuelto el descomunal reto que asumió al pedir licencia al Senado para hacerse cargo de la dependencia. En su perorata, “el abogado de la Nación” no rozó, ni por accidente, el problema de la impunidad y la corrupción.
Según Raúl Cervantes, es hora de ver ese “asunto de seguridad pública” desde otra óptica: Dónde han fallado las “normas prudenciales” para el combate al delito; la responsabilidad del sistema financiero, “utilizado por la delincuencia organizada”; cuestión de la que se colige se refiere al lavado de dinero, fuente inagotable e intocada en las tareas punitivas para atacar la violencia criminal.
Si el procurador federal habla del sistema financiero (nacional e internacional), es evidente que se refiere a las tareas que obligan a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en materia de lavado de dinero y, por supuesto, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). ¿Qué pitos pueden tocar en ese concierto federalizado los gobernadores de los estados, acotados por la Constitución General de la República?
La pregunta queda de tarea para el propio procurador Raúl Cervantes, quien ayer mismo anunció otra reunión con 16 procuradores estatales para agosto próximo a fin de continuar sus monólogos. Quizá de ese encuentro resulten aportaciones para el quinto informe de Gobierno de Peña Nieto y se le dirá al Presidente que lo del crimen organizado es ahora un simple asunto de Seguridad Pública.
El discurso autocomplaciente de Raúl Cervantes no fue un lance en entrevista banquetera. La ocasión se la apropió del 25 aniversario del asesinato (por la mafia italiana) del juez Giovanni Falcone.
A propósito de corrupción, Falcone fue ejecutado con una bomba instalada en su ruta hacia Sicilia. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Eliminar al responsable de laOperación Manos Limpias, por la que se sometió a juicio penal, desde luego, a grandes capos mafiosos; pero también a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y otros encumbrados políticos.
Resulta al menos curioso el detalle: No se abundó en las causas del asesinato de aquel probo juez, cuyo aniversario fue pretexto para el discurso de Raúl Cervantes. Repetimos, el fin de su gestión del juez Falcone era lograr un gobierno de Manos Limpias.
Casualmente, en México, el anuncio de hace casi cinco años de implantar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), era lograr un régimen de manos limpias.
Casualmente, no se ha llegado a ese objetivo porque el Senado no ha logrado destrabar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Casualmente también, la dilación de ese nombramiento se debió a que los senadores priistas pretendían que, en automático, el ex abogado del PRI y nuevo procurador, asumiera la función de Fiscal Anticorrupción.
Repetimos, hay síntomas de que el gabinete de Peña Nieto es bipolar. Si el gobierno federal no fumiga su propia casa, ¿cómo esperar que los gobernadores de los estados, con todas sus limitantes legales, se hagan cargo de esa profiláctica tarea?
Por supuesto, nada exime a los jefes de los ejecutivos estatales de su responsabilidad ante ese titánico reto pero, ante una responsabilidad de esa magnitud, la conseja popular dicta que las escaleras de barren de arriba abajo. Por ahí se debe de empezar.
Sí, por ahí, porque qué caso tiene que los protagonistas crónicos o por oficio se desgarren las vestiduras exigiéndole a Quirino Ordaz Coppel, con otra guerra, la mediática, que frene la narcoviolencia en Sinaloa cuando ni el Procurador General de la República se ubica en la realidad nacional y el presidente Enrique Peña anda en el limbo.