Revocación de mandato y segunda vuelta

En su precampaña, José Antonio Meade pretendió adornarse con un anuncio efectista: He pedido a las bancadas legislativas de los partidos que me nominaron, PRI, PVEM y Nueva Alianza, procedan a la eliminación del fuero. Así, hasta yo como Presidente estaré expuesto a que le ley me juzgue como a todo ciudadano común. Palabras más, palabras menos.

La mediática iniciativa del candidato presidencial implicaría que será revisado el Título Cuarto de la Constitución que habla de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. El segundo párrafo del artículo 108 constitucional impone que el Presidente de la República, durante el tiempo de su mandato, sólo podrá ser acusado por traición a la patria… (y delitos graves del orden común).

El proceso legislativo, grave de suyo, sería complejo. ¿Por qué el ex secretario no lo simplifica comprometiéndose simplemente a renunciar a las facultades metaconstitucionales de los que abusa el jefe del Ejecutivo federal? Obviamente, en el régimen presidencialista, esas facultades son discrecionales, ajenas a todo sometimiento a la Constitución.

Nadie teje la soga con la que será ahorcado. Naturalmente, a los miembros de la LXIII Legislatura federal, a los que les restan cinco sesiones del periodo ordinario -unas veinte semanas para que abandone sus curules y escaños- lo que menos les importa es verse en riesgo de perder su inmunidad y futuras prebendas y canonjías. Por eso se han hecho de la vista gorda.

Lo de Meade, pues, en una pura y soberana baladronada. Poner esa iniciativa en manos, por ejemplo, de 500 diputados federales que en el transcurso de 2018 han echado tierra a más de 300 solicitudes de juicio político contra abusadores y corruptos con fuero, es arrojarla al destino manifiesto: El sesto de la basura.

Si existiera, de veras, voluntad política y un auténtico propósito de limpiar la casa, los legisladores de las cámaras federales que tripulan el PRI y sus perrillos falderos le hubieran dado curso a otros proyectos de ley concebidos para acotar los poderes político y administrativo, y exponerlos al tribunal popular.

Desde esas consideraciones, es de tomar en cuenta la irrenunciable decisión del candidato a Senador de Por México al Frente y líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, de porfiar, entre otras,  en la iniciativa de una basta y profunda reforma a la Constitución para la Revocación de Mandato y Segunda Vuelta Electoral.

Como ha ocurrido con otras iniciativas fundamentales para corregir y castigar las criminales desviaciones de los servidores públicos -sobre todo los emanados del voto electoral-, los senadores que hace casi cuatro años recibieron el macizo cuerpo de la iniciativa, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, han caído en un sospechoso disimulo, no obstante la recomendación del Poder Judicial de la Federación, para que, de acuerdo con la norma vigente, desahogaran el procedimiento legislativo.

Concretamente es de denunciarse la torcida conducta del senador queretano priista Enrique Burgos García, como presidente de la comisión de dictamen de Estudios y Puntos Constitucionales, quien apeló a todo tipo de triquiñuelas para atajar el proyecto. Casualmente, Burgos es presidente de la Comisión Especial de Diagnóstico y Reforma del Texto de la Constitución y, además, secretario de la Comisión de Justicia.

El candidato sinaloense a Senador obra desde una perspectiva realista: Es inminente que en la próxima LXIV Legislatura federal se produzca una nueva correlación de fuerzas, en la que el PRI y sus aliados no lograrán los votos para formar la mayoría calificada que exige toda reforma constitucional.

En cambio, es potencialmente seguro que los partidos de Por México al Frente tendrán los votos suficientes para negociar la aprobación de iniciativas de ley que cambien el actual estado de cosas.

En  dirección a la iniciativa de Revocación de Mandato promovida originalmente por el PAS, se da otro signo alentador: Andrés Manuel López Obrador, al arrancar su campaña, se comprometió a exponer su eventual mandato a consulta de medio sexenio para su ratificación o defenestración. Dicho en campaña, sin embargo, vale porque con los partidos de Por México al Frente estarían los partidos que forman la coalición morenista: Del Trabajo, que ya tiene ahora una bancada considerable y el debutante Encuentro Social. Se construiría así, una mayoría real en el Senado.

Sobre esa base, el seguro Senador Cuén Ojeda operaría en la LXIV Legislatura federal sobre terreno firme. El reto, no obstante, radica en lograr un omelé de manera que los huevos no puedan regresar al cascarón.

Nos referimos al imperativo de que la reforma correspondiente a la Constitución salve la trampa de los transitorios y las leyes reglamentarias que, en automático, alteran el sentido del mandato de la Carta fundamental, particularmente cuando cualquier controversia queda en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Documentamos esa advertencia con la experiencia específica: El proyecto de Revocación de Mandato fue producto de una iniciativa ciudadana que, dicho sea de paso, rebasó con creces el requisito del número de firmas para darle legalidad. El grupo dominante en el Senado se la pasó por el arco del triunfo ese proceso.

Otra experiencia negativa, es el de la consulta popular, en este caso, recurrente en procesos electorales federales. En 2016 hubo al menos tres iniciativas a las los ministros de la Corte dieron sentencias negativas (especialmente en lo que toca a la reforma energética), por considerarlas atentatoria contra los intereses del Estado. Aquí los togados actuaron  como portadores del absolutismo: El Estado soy yo, divisa que ha hecho suya Enrique Peña Nieto.

Lo que nos remite a otra urgencia: La verdadera Reforma del Estado que hasta ahora, en manos de primeras minorías, ha sido fragmentada y asfixiada por los intereses del grupo en el poder. Es donde entra otro  estímulo. El candidato presidencial de Al Frente por México, Ricardo Anaya Cortés, se ha comprometido a legislar sobre una figura ya latente en la Constitución, pero sin  reglamentación: El Gobierno de Coalición.

Congruente con ese compromiso, Anaya Cortés entregó la responsabilidad de esa reforma al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor en Derecho Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsor de la primera Constitución para la nueva entidad federativa.

Si la crisis es oportunidad, la Reforma del Estado y su consustancial, la Reforma del Gobiernodebe ir de la mano, ambas tienen en el actual proceso electoral su mejor ocasión; irrepetible, además. Reformas auténticas, no retacería jurídica que quede a expensa de los legisladores o de la instancia constitucional. Es la oportunidad que esperaba, con optimismo fundado, el candidato Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Campañas presidenciales y al Congreso de la Unión marcadas por la frivolidad y las apuestas discursivas facilonas, lo que vemos en el escenario es la preocupación por los Grandes Problemas de la República. Llegó el tiempo, pues, de la democracia participativa, fase superior de la democracia representativa, ya agotada, una convicción en la que se sustenta la iniciativa de Revocación de Mandato y Segunda Vuelta Electoral, las dos para revestir de legitimidad a los gobernantes emanados del voto libre y universal-.