Demanda por ecocidio y penal contra candidato
Pescadores proceden denuncian a coludidos en trafiques con terrenos nacionales
Organizaciones pesqueras y vecinos de Topolobampo confirmaron la presentación de una demanda ante la PROFEPA, que antecede a una querella penal contra el candidato a diputado federal Rubén Benjamín Félix Hays, su esposa, un empleado, el notario público que les sirve, por el daño a la zona protegida Ramsar, y la amenaza a la seguridad de decenas de miles de habitantes de la zona norte del estado.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, recibió la demanda ciudadana que confirma la primicia de Proyecto 3, voces que rompen el silencio, por el negocio que involucra al mencionado político, Félix Hays y a Francisco Labastida Ochoa, con el apoyo del gobierno del estado, expresado desde la época de Mario López Valdez.
La reconstrucción total de la carretera de Los Mochis al puerto, para facilitar el futuro movimiento desde y hacia la fábrica de amoniaco en el santuario natural de la bahía, con un costo de 200 millones de pesos, es parte del respaldo a este proyecto.
A pesar de la parcialidad y protección de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, al actuar con disimulo ante el ecocidio denunciado por diversas instituciones oficiales y privadas, finalmente debió disponer la revisión del amplio proyecto que invade un manglar protegido, que contaminaría la zona Ramsar y el centro de trabajo de los pescadores de Topolobampo y pondría en riesgo la seguridad de la población regional por el manejo de grandes volúmenes de amoniaco para la producción de fertilizantes.
LA DENUNCIA INICIAL ANTE PROFEPA Y PASARÁ A LA FISCALÍA GENERAL
La denuncia es encabezada por las organizaciones pesqueras de la zona, encabezadas por los líderes Refugio Cervantes Leyva, de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Trangal”; José Guillermo Zamora Vargas, de la cooperativa “Pescadores Unidos del Mabiri”; Luis Antonio Jacobo Leal, de la sociedad “Cerro de San Carlos” y Eginardo Alvarez Ahumada, de los “Pescadores del Jipón”.
En sus argumentos, mencionan, se involucra también a la esposa del candidato a diputado federal del Partido Nueva Alianza -en coalición con el PRY y PVEM-, María Cecilia González Ayala, su empleado Armando Lorenzo Rodríguez Gámez, el notario público Antonio Oscar Ojeda Benítez y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V., asesorado desde el inicio del proyecto por el ex candidato presidencial y ex gobernador, Francisco Labastida.
El primer paso contra la confabulación de intereses políticos y financieros consiste en una advertencia de la SEMARNAT, contra la voluntad coludida de su delegado, Jorge Abel López Sánchez, de que antes de seguir adelante con el proyecto debe llamarse a una consulta ciudadana entre los habitantes de la región para seguir adelante sólo si es favorable el consenso popular.
Esta medición del sentir del pueblo no está en los planes de los acostumbrados a imponer sus criterios y, sobre todo, sus intereses.
GRAN NEGOCIO DEL POLÍTICO ARRIESGA VIDAS Y ECONOMÍA DE LA REGIÓN
Los demandantes sostienen que el gran negocio del “desarrollador de bienes raíces”, la actividad del político que busca un tercer periodo en la Cámara de Diputados, pone en riesgo vidas y actividad económica en torno a la bahía.
Además, de aprovechar información privilegiada de los círculos políticos, para revender más de 100 hectáreas ejidales de agostadero, en más de 100 millones de pesos, con ganancias que se estiman en más del mil por ciento, Félix Hays utilizó al notario público Ojeda Benítez para apoderarse con maniobras que violan la ley de terrenos federales que fueron escriturados y vendidos al mismo comprador, como “pequeñas propiedades de uso agrícola”, siendo pareas nacionales.
Toda la operación se hizo aplicando una ley obsoleta, de Predios Rurales del Estado de Sinaloa. Según la denuncia de que tuvo conocimiento este semanario, el candidato, su esposa y su colaborador, obtuvieron escrituras falsas a través de la mencionada notaría, para adjudicarse pequeños pero vitales espacios para la industria proyectada, que se requieren para conectar el predio mayor con la bahía, para facilitar la construcción de un muelle al servicio de la industria y de otras actividades con ganancia para los socios que lidera Félix Hays.
A la señora González se le “regularizaron” dos lotes, uno de 2.43 hectáreas y otro de 172.31.989 metros cuadrados, presentados como “lotes agrícolas”; a Rodríguez Gámez, una superficie de 25.928.822 metros cuadrados de “pequeña propiedad”.
La delegación del Registro Agrario Nacional, (RAN), se prestó para validar la versión de Félix Hays, con el apoyo de influencias políticas puestas en movimiento desde que se planteó la posibilidad de la industria contaminante.
NO ES CONTRA LA INDUSTRIA, SINO POR SU UBICACIÓN, QUE AFECTA SEGURIDAD Y AMBIENTE
Al mismo tiempo, deberá resolverse la demanda judicial ciudadana que será interpuesta contra el fraude que se atribuye al candidato a diputado federal por el Partido Nueva Alianza y sus aliados PRI y PVEM, Rubén Félix Hays, por la maniobra de legalizar terrenos nacionales como propiedad particular, a nombre de familiares y empleados, a fin de apoderarse de espacios que necesita la industria de fertilizantes en la construcción de un muelle que arrasaría con los humedales al abrirse un canal de navegación con doble función, para servicio de empresas de potentados y del movimiento de carga por el que los socios cobrarían derechos de paso con amplias utilidades.
Sostienen los denunciantes que desde un principio ha sido clara su postura, de que no se oponen a una industria que detone empleos y desarrollo; pero sí van contra la contaminación de la bahía, la amenaza a la seguridad de las comunidades aledañas y contra el despojo de terrenos nacionales, en operaciones que consideran fraudulentas, posibilitadas por la corrupción y el influyentismo que permea al sector público, de los gobiernos federal y estatal.
Además, sostienen que los planes del candidato, a quien por lo visto “le urge” una tercera curul para redondear los negocios diversos de apoderamiento de áreas en torno a la bahía, piensa presentar sus proyectos al gobierno federal como oba vital para que un pedazo del mar sea de su propiedad, dejándole el trabajo y el financiamiento del rescate del santuario natural que sería devastado por la obra portuaria, para que los empresarios y los políticos que los protegen dispongan íntegramente de las ganancias del negocio de trasiego con áreas naturales y el muelle proyectado.
REPUDIO AL DESCARADO TRÁFICO DE INFLUENCIAS; DIPUTADO PASÓ DE TENDERO A MAGNATE
Señalaron los informantes que la demanda ciudadana tendrá amplio respaldo de la comunidad y de empresarios del norte del estado, a pesar de la presión en contra que ejercen Malova y su mensajero, el diputado en intento de reelección, Jesús Antonio Marcial Liparoli, vecino de Topolobampo, a quien consideran carente de ascendencia social debido a que desde el inicio del pasado sexenio sólo se ha dedicado a servir a los intereses políticos que le impone el ex gobernador del estado y los particulares planes de enriquecimiento del legislador, que se cuenta entre los ex funcionarios públicos que más se enriquecieron en la pasada administración, en unos logros de la corrupción contrastantes con la economía en crisis de los pescadores.
Marcial es un caso emblemático de lo que representó para el clan malovista el paso por el gobierno, con la falsa promesa del cambio para Sinaloa, luego del desastre que ocasionó el régimen de Jesús Aguilar Padilla. Aprovechó su cargo de subsecretario de gobierno y luego de legislador local, para hacer una fortuna en el periodo del 2011 a la fecha, gracias a su involucramiento en los asuntos de la Dirección General de Vialidad y Transportes, a través de los cuales logró formar un cuantioso patrimonio con permisos para transporte en modalidades de pasaje, despojando a viejos trabajadores del volante que perdieron el derecho a una concesión.
A pesar de sus nulos resultados como legislador local y de ser sólo protector de las espaldas de su jefe en el gobierno, busca proseguir su lucrativa carrera política.
Así manipula contra la querella que firman los pescadores para que sigan las vías civil y penal, que estallaría en plena campaña electoral, en la que Félix Hays trata de asegurar su regreso a la Cámara de Diputados para mover las influencias que hagan posible los planes desplegados a partir del trasiego de tierras ejidales y áreas nacionales protegidas.
Se confirma también lo expuesto anteriormente, en el sentido de que al político que se presenta como desarrollador urbano, así como a sus socios, urge concluir las gestiones y realizar las obras antes de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, conscientes de que una administración no priista detendría definitivamente los planes hasta revisarlos a fondo, para evitar los riesgos a la bahía y la seguridad de los habitantes del área”.
El gobierno del estado impulsa también el proyecto que heredó del pasado régimen, por la empatía del ejecutivo con Carranza. Por eso llevó a cabo la reconstrucción de la carretera a cuatro carriles Los Mochis-Topolobampo, presentada como obra de “mucho” contenido social.
SER DUEÑO DE LA BAHIA, LA META DE FÉLIX HAYS
La meta última de Félix Hays, colgado de la alianza PRI-PVEM-PANAL, es erigirse con las maquinaciones que pueda lograr desde la curul nada inofensiva y carente de objetivos sociales, en el verdadero dueño de la bahía de Topolobampo, la más grande y rica de las zonas centro y norte del estado. Lo de la planta de amoniaco no representa el total de su ambición. Aspira a más y a todo.
Para ello, en sus anteriores periodos legislativos, cercanos a la línea que le marcara la profesora Elba Esther Gordillo, logró apoderarse de una amplia extensión de terreno junto al poblado de Topolobampo, donde tuvo de huésped a la ex cacique del magisterio nacional. Ahí creó un centro de recreo turístico que se promueve en México y Estados Unidos.
Su huella es la devastación del medio ambiente y la explotación de su centro de recreo.
En otro frente, manipulo conflictos entre ejidatarios indígenas para apropiarse de cientos de hectáreas en disputa entre ellos, para sus planes futuros.
Aún hay otro plan mayor: mueve sus relaciones para apoderarse del peñón conocido como “El Farallón”, que se ubica en la entrada por mar a la bahía, aparentando que se trata de crear una “fundación” encargada de administrar el sitio que es también una atracción para el turismo local, nacional y extranjero. Detrás de la “fundación”, obtenida con los influyentes oficios de un diputado federal que aparenta “preocupación” por el medio ambiente -siempre que no le prive de grandes negocios- estaría por supuesto la tutela vitalicia de Félix Hays.
En Los Mochis, como realizador de un fraccionamiento de lujo, “El Portal de Hierro”, encara otra amenaza de demanda por no pagar los servicios de una constructora que fue requerida para dotar de los servicios básicos a la zona residencial. “Debo, sí, pero no es lo que me cobran”, argumenta Félix.
Pero la resistencia social surge como única contención a los planes del candidato que se escuda ahora en el continuismo del régimen priista, como antes fue aliado de la maestra Gordillo.
Cambia de siglas y de aliados según evoluciona la política. De labastidista, a gordillista y de nuevo a la alianza de la que puede convertirse en su peor lastre en Sinaloa.